En España hay cerca de un millón de fincas abandonadas —una de cada once de las existentes— porque sus propietarios, que en muchos casos las han heredado, desconocen dónde están y los vecinos de la zona tampoco saben a quién pertenecen. Estas parcelas se convierten en combustible para los incendios forestales al ser terrenos que no se limpian. El dato fue puesto de relieve ayer en una jornada sobre la proliferación de las llamas en el contexto del reto de la transición ecológica organizado por la Fundación Europea del Clima y el centro de estudios Next Educación, en colaboración con la Diputación de Zamora.
Tras un verano con récord de incendios forestales en España, con Galicia y Castilla y León entre las comunidades más afectadas, el foro dio voz a ingenieros forestales, servicios de extinción, población de los municipios más afectados por los fuegos, medios de comunicación y responsables de diputaciones provinciales para que aporten su visión sobre lo sucedido y cómo evitar que en un futuro se repita esa “dramática situación”.
El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, fue uno de los participantes en el evento, donde propuso la implantación de “cláusulas demográficas para contribuir a generar actividad en el rural, fijando así población y luchando contra los incendios”.
Formoso puso el foco sobre el “abandono del rural” como principal causa para que se produzcan incendios y propuso, por una parte, “que la Xunta apueste por la cláusula demográfica en las licitaciones autonómicas, dando prioridad a las empresas que se implanten en el ámbito rural” y, por la otra, “que se bonifique a aquellas que generen actividad y puestos de empleo, deteniendo así la despoblación que se está produciendo”.
Puso también sobre la mesa la posibilidad de dar incentivos fiscales de exención, bonificación o mejora en ciertos tributos que se pagan a nivel estatal como puede ser el impuesto de sociedades para que las empresas se asienten en el rural”. “Son fórmulas innovadoras que —destacó en su intervención— nos permitirían conocer una Galicia rural, de progreso, donde se recupere población y se fije talento”, destacó.
El presidente provincial habló de “defender los derechos de los territorios fomentando que aquellos servicios que se puedan prestar desde lo rural no tengan porque ser desde el ámbito urbano” y, en este sentido recordó que la Diputación de A Coruña tiene su oficina de gestión de proyectos europeos, donde se tramitan cientos de millones de euros, no en la ciudad de A Coruña o en la capital de Galicia en Santiago, sino que está en A Capela, un pueblo de 1.300 habitantes. “Estamos hartos de discursos vacíos y los gustan aplicar la política con hechos, no todos los que quisiéramos porque no somos capaces de revolucionar el mundo, pero se todas y todos damos pequeños pasos estoy convencido de que el rural recobrará fuerza, recuperaremos a la juventud, nuestros abuelos podrán disfrutar todos los días de sus nietos y netas y, además, no arderán nuestros montes”, expresó.
Formoso también hizo referencia a la importancia de que la legislación que se apruebe en los territorios urbanos sea respetuosa con la idiosincrasia de los territorios ya que —advirtió— “por ejemplo, no puede ser que la Ley del Suelo de Galicia fuera diseñada en un estudio en la Castellana en Madrid, porque no funcionó y hizo pobres a 2.300.000 gallegos y gallegas en un solo día”. “Se aprobó la Ley un 31 de diciembre de 2002 y el 1 de enero de 2003 aquellos que creían que tenían un pequeño patrimonio pasaron a tener cero euros”, indicó.
“Demos confianza a la gente del rural, no impongamos leyes que no tengan sentido”, reclamó Formoso, recriminando “esa capacidad de restringir la libertad en el rural, de imponer su forma de vida desde lo urbano, esa mentalidad de que todo lo que significa rural estropea el medio ambiente, esa imposición de preservación del medio ambiente pensando que aquel que vive en el mundo rural, en un entorno que lleva preservando durante siglos, no puede hacerlo sin que el Parlamento nacional y autonómico lo decida”.
