El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, indicó ayer que el Gobierno gallego trabaja para tramitar cuanto antes la ley que permitirá hacer efectiva la compensación por el IPC a los funcionarios de la administración autonómica antes de que finalice el presente año. Tendrá un impacto económico de entre 30 y 40 millones de euros.

“Nuestra intención es hacerlo efectivo antes de que termine el año. Tiene que ser mediante ley. Una ley de lectura única para agilizar lo máximo posible su tramitación”, precisó Rueda durante una rueda de prensa en Lugo, después de reunirse con la alcaldesa de la ciudad, Lara Méndez.

A preguntas de los periodistas, reconoció que “es un esfuerzo importante” y “más teniendo en cuenta que es una cantidad no presupuestada” previamente en las cuentas de la Xunta, ya que se trata de un reciente acuerdo entre Gobierno central y sindicatos y es de aplicación obligatoria.