No hay tregua para las familias de los fallecidos en el Villa de Pitanxo, para quienes una bajada al pecio es determinante para clarificar las causas del peor siniestro marítimo en España desde 1978. Creían haberlo conseguido al fin, ocho meses después del hundimiento, pero el Gobierno ha vuelto a diluir este plan como un azucarillo. Desmintiendo además a la propia Comisión Europea.

“En el momento en que la Ciaim  —Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos— nos diga que hay que bajar, atenderemos esa demanda”, apuntó ayer el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones. Nada que ver con el compromiso cerrado que esta misma semana escucharon del Ejecutivo comunitario en Bruselas, a cargo de la máxima responsable de seguridad en el mar, Ioannidou Fotini. “A cargo de una entidad externa, se bajará al barco en primavera o verano del año que viene; esperamos que esa operación aporte elementos adicionales sobre las causas”, incidió.

Frente al anuncio de Fotini, que lo pronunció delante de una delegación de las familias en el Comité de Peticiones de la UE, Miñones ha vuelto a apuntar que la bajada a los restos del pesquero no está decidida, sino que está condicionada a una eventual solicitud de la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos, dependiente del Ministerio de Transportes. Las palabras del delegado del Gobierno han vuelto a airar a los familiares. Además, Miñones insistió en que ese posicionamiento del Gobierno es el mismo “desde el minuto uno” y “seguirá siendo hasta el final”. “Evidentemente, esperaremos a que los técnicos, los expertos, nos digan lo que hay que hacer”, concluyó.

Estas palabras de José Miñones no tardaron en tener una reacción por parte de las familias de los 21 fallecidos. La portavoz de los familiares, María José de Pazo, recordó que los responsables de Seguridad Marítima de la Unión Europea aseguraron en el pleno de la Comisión de Peticiones, llevado a cabo esta semana, que el Gobierno se había comprometido a bajar al barco hundido en 2023, por lo que iba a licitar esta acción.

“Hoy Miñones dice que no, que va a esperar a ver qué dice la Ciaim”, lamentó De Pazo, quien ha insistido en que la propia Ciaim ya dijo hace semanas que sería útil bajar al pecio para conocer qué ocurrió. “Estamos consternados. No entendemos nada”, añadió al tiempo que criticó que el Ejecutivo asegurase que iba a asumir el compromiso y ahora diga que no. Por ello, han solicitado información al Ministerio, a Presidencia y a la Comisión Europea.