El pago de las ayudas del Gobierno a las comunidades para hacer frente a los daños causados por el lobo se dirimirán en los tribunales. Tres meses después de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que aprobó la Estrategia de para la conservación y gestión del lobo —un documento que recibió el voto en contra de Galicia, Cantabria, Castilla y León, Andalucía, Madrid, Murcia y la ciudad de Ceuta y la abstención de País Vasco y Navarra— y también el reparto de fondos, con los criterios y el reparto territorial acordados por unanimidad, la Xunta da por roto el diálogo con el Ministerio para la Transición Ecológica para el cobro de las ayudas. El intercambio de misivas entre la Consellería de Medio Ambiente y el departamento que dirige Teresa Ribera tras excluir de estos fondos a Galicia y al resto de comunidades que votaron en contra de la estrategia estatal sobre el futuro del lobo no ha culminado en acuerdo alguno, por lo que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció ayer que llevarán al Ejecutivo a los tribunales.
El Consello de la Xunta autorizó ayer la interposición de un recurso contencioso-administrativo frente a la decisión del Ejecutivo de dejar fuera a Galicia del reparto de fondos, de los que 2,3 millones corresponden a los presupuestos de este año y el resto serían para el año que viene. Para Rueda, la decisión de Transición Ecológica de “excluir” de las ayudas a las comunidades que votaron en contra del documento estatal del lobo ha sido “unilateral”, “arbitraria”, y “sin ningún fundamento legal”.
Según explicó tras el Consello de la Xunta, se trata de un total de 4,3 millones que Galicia iba a recibir tras el acuerdo de la conferencia sectorial del verano. Además de Galicia otras dos comunidades loberas, Cantabria y Castilla y León, votaron en contra de la estrategia de gestión del lobo, un documento que Asturias finalmente apoyó rompiendo el pacto del Noroeste al aceptar Transición Ecológica acepta que sigan matándose ejemplares, como pidió el Principado, pero solo de manera selectiva.
En el caso de Galicia, justifican su voto en contra en que “su elaboración no siguió el orden lógico de acontecimientos ni se alcanzó el consenso suficiente dado que se redactó sin un diagnóstico adecuado porque no se dispone de un censo nacional actualizado que permita contrastar los datos de 2012-2014).
Rueda recriminó que la única explicación ofrecida por el Gobierno es que Galicia rechazó la Estrategia para la gestión y conservación del lobo por “las razones ya conocidas y expuestas” por lo que la Xunta no entiende que pueda quedar fuera de esos fondos ya que la comunidad se ve afectada “de modo muy directo” por los daños de los lobos.
En una carta remitida este mes desde la Consellería de Medio Ambiente al Gobierno central reclaman una copia de la grabación íntegra de la reunión de la Conferencia Sectorial celebrada en julio. En la misiva, la Xunta advierte de que se podrá constatar que en esa reunión por parte de la propia ministra y vicepresidenta segunda, Teresa Ribera, manifestó que “la no subscripción de la estrategia por parte de una comunidad autónoma no constituiría un impedimento para poder acceder a los fondos consignados en los presupuestos del Estado para este 2022 para las líneas destinadas a la adopción de medidas de protección del ganado y para paliar los daños producidos por el lobo ibérico a la ganadería extensiva”.
Por su parte, el Gobierno gallego destinará en los presupuestos de 2023 un total de 2,5 millones de euros para medidas de protección frente a los ataques de los lobos, ha destacado Rueda. Las ayudas se concederán tanto para la contratación de pastores que cuiden el ganado en régimen extensivo en los montes, como para adquirir vallados fijos, perros de pastoreo, pastores eléctricos, cierres de malla.
