A principios del año 2021, el Consejo General del Poder Judicial emitió un informe amparando la demanda de indemnizaciones económicas de aquellas personas que se hubieran podido ver afectadas por las instrucciones realizadas por parte de la jueza Pilar de Lara, que al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo dirigió las mayores causas contra la corrupción en Galicia, si bien su procedimiento fue objeto de sanción por dilaciones indebidas y funcionamiento incorrecto.

Una de esas personas que se sintió perjudicada es el exconselleiro de Industria durante el bipartito, Fernando Blanco, que ahora reclama al Estado una indemnización de 232.528 euros.

Él fue imputado en 2011 en la operación Campeón, iniciada por la jueza Estela San José pero que acabó llevando Pilar de Lara, por unas “declaraciones” de Jorge Dorribo, el principal encausado, y su caso no fue archivado hasta el año 2018 por la Audiencia Provincial de Lugo. Por el camino, Blanco dimitió como diputado autonómico y renunció a la lista del Senado. Ahora solicita que el Estado le compense por todo aquello.

Su reclamación la dirigió al Ministerio de Justicia por funcionamiento anormal de la administración judicial y como es una indemnización superior a los 50.000 euros se ha pedido el pronunciamiento del Consejo de Estado, que tiene un plazo de nueves meses para emitir su dictamen, no vinculante.