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La extesorera de Audasa, condenada a seis años de cárcel por estafar 1,2 millones

La Audiencia de A Coruña le impone también la devolución del dinero sustraído entre 2011 y 2018 | Su marido, también imputado, deberá responder como “partícipe a título lucrativo”

Cabinas de peaje en la AP-9. | // RICARDO GROBAS

Seis años y cinco meses de cárcel y la devolución de más de 1 millón de euros. Casi cuatro años después de que Audasa interpusiera una denuncia tras ser alertada desde el banco de la posible existencia de un duplicado en sus facturas durante un periodo de ocho años, ha llegado la sentencia de condena a la entonces tesorera de la concesionaria de la Autopista del Atlántico (AP-9) y a su marido, también imputado en la causa, por ser “partícipe a título lucrativo”. Pese a que la trabajadora de Audasa entre 2008 y 2019, año en el que fue despedida, negó durante el juicio haber estafado a la empresa, la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña la ha condenado por un delito continuado de falsedad documental mercantil, en concurso con otro delito continuado de estafa cualificada, para apropiarse de 1,2 millones. Además, tendrá que hacer frente al pago de una multa de 3.600 euros, así como el abono de una indemnización de 1.103.600 euros a Audasa; y de 125.155 euros, a Autoestradas de Galicia, según informó ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Su marido, también investigado, tendrá que responder de manera solidaria hasta el límite de 395.000 euros, al considerarse que fue “partícipe a título lucrativo” de la apropiación. No obstante, los magistrados absolvieron a ambos imputados de los delitos de blanqueo de capitales y, al sospechoso, del de estafa, como pedía la acusación.

Entre otras funciones, la ahora condenada era la encargada de remitir órdenes de transferencia a las entidades bancarias, del control de los saldos bancarios, comprobación de ingresos y gastos y elaboración de partes a los bancos. La Sala considera probado que la extrabajadora aprovechó “la posición confiada de gestión contable y tesorería” que desempeñaba para, entre los años 2011 y 2018, transferir desde distintas cuentas bancarias de las dos empresas a la suya 1,2 millones, tal y como recogía la denuncia interpuesta en diciembre de 2018 por Audasa y avanzada por este periódico.

“Para realizar estas operaciones, la acusada elaboraba órdenes de transferencia ficticias con aspecto idéntico a las que las empresas remitían a los bancos, aunque modificando la cuenta de destino por la numeración de la suya”, relatan los magistrados en la sentencia.

La apariencia de autenticidad —añade el fallo— la conseguía insertando, de forma escaneada y usando aplicaciones informáticas, las firmas de los responsables empresariales autorizados para las transferencias, figurando como beneficiarios aseguradores o proveedores habituales.

Los documentos mendaces, concluye el tribunal, los remitía a las entidades financieras desde el correo electrónico de Audasa, que normalmente utilizaba, “encubriendo la maniobra con el envío conjunto de otras órdenes de transferencia verdaderas”.

“Con el tiempo, el sistema defraudatorio era complementado con la alteración del parte de bancos y las conciliaciones, reintegros y pagarés de cara a cuadrar la contabilidad, sobre todo a finales de cada año”, aseguran los jueces, quienes subrayan que la tesorera y su marido “dispusieron de 1.228.755 euros a su antojo, aplicándolos ostentosamente a finalidades de consumo personal o conyugal o familiar o doméstico, en ocasiones a través de la cuenta corriente conjunta”.

La Audiencia Provincial concluye que la pareja de la entonces tesorera de Audasa era “consciente de la situación o de la alta probabilidad del origen ilícito del capital”. En la resolución señalan que fue “fácil” seguir el rastro “del capital acumulado y derrochado paulatinamente porque no hubo maniobras de camuflaje en pantalla societaria o de simulada enajenación de activos o de asignación nominal a terceros”.

La Sala califica de “atinada” la observación de una defensa “cuando habla de un nivel de consumo “absurdo”, un tren de vida muy por encima de las posibilidades salariales sumadas y del que da cuenta el resultado de la elocuente diligencia de registro domiciliario del 28 de mayo de 2019”.

A la hora de imponer la pena, el tribunal también hace referencia a que la acción fue “repetida durante años” y a la actitud de la condenada, “que no reparó ni mínimamente el perjuicio causado ni mostró el mínimo arrepentimiento por su conducta”.

En cuanto a la absolución de su marido del delito de estafa, indica que “nada proclama la intervención del acusado en el proceso ejecutivo material falsario o defraudatorio ni su capacidad para abortar el plan trazado por su esposa, siendo imposible vertebrar la cooperación necesaria en aprovecharse de las retiradas de dinero, como se informó en la vista al tribunal”. Contra la sentencia cabe presentar recurso de apelación ante el TSXG.

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