Lo que para los contribuyentes e incluso economistas resulta un impuesto “injusto” y “exagerado”, para expertos en administración local debería endurecerse para garantizar una mayor recaudación en las arcas municipales. Se trata del llamado Impuesto del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbanas, conocido como plusvalía, que se aplica cada vez que se vende un piso, garaje o solar o se recibe una herencia, pero cuya aplicación es voluntaria.
En Galicia, son 112 los concellos que cobran por las operaciones en suelo urbano, lo que representa el 36% de los 313 municipios de la comunidad frente al 49% del conjunto del país (3.740). Con este balance, los ayuntamientos gallegos se colocan en el furgón de cola, en concreto en el cuarto puesto, por detrás de Castilla y León (15,1%), Aragón (23,8%), y La Rioja (32,6%), según revela el estudio El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana: el problema inacabable de la financiación municipal elaborado por expertos de la Red Local de Administración Pública, Red Localis.
Por este tributo, que ha tenido que ser reformado tras ser tumbado hasta en tres sentencia por el Tribunal Constitucional , los contribuyentes gallegos tienen que desembolsar entre 2.500 y 7.500 euros, según economistas consultados por este diario. En la presentación del informe ayer en Santiago, el profesor de Economía Aplicada Alberto Vaquero y el tesorero de la Diputación de Pontevedra, Miguel Ángel Santirso, advirtieron de la “importante capacidad fiscal no aprovechada” en el impuesto de plusvalía en Galicia y defendieron su “gran potencial como instrumento financiero en las poblaciones de mayor tamaño”.
De ahí que apremien a los ayuntamientos a una revisión catastral de los valores de los inmuebles con el objetivo de “mejorar la capacidad fiscal” del tributo que grava las operaciones en suelo urbano. Una actualización —defienden— que permitiría detectar posibles bolsas de fraude y mejoraría la capacidad tributaria propia de la administración local. En concreto, más de la mitad de los ayuntamientos —el 53%— realizaron su última revisión catastral entre 1984 y 2001, el 32% lo hicieron entre 2002 y 2011 y el 11% lo han hecho entre 2012 y 2016; y solo el 4% restante entre 2017 y 2020, según detalla el estudio de Red Localis. Con relación a la media nacional, los ayuntamientos gallegos presentan importantes diferencias en sus procesos de revisión catastral (8 puntos por encima para las revisiones anteriores a 2001, aunque 12 puntos por debajo de las revisiones entre 2002 y 2011). “Una actualización permitiría detectar posibles bolsas de fraude y mejoraría la capacidad tributaria propia de la administración local”, destacan los autores del informe.
Sobre la aplicación de este impuesto, los concellos que aplican un mayor porcentaje son los de A Coruña y Pontevedra, un 64% y 55%, respectivamente. Los que menos, Ourense (14,1%) y Lugo (13,4%). En cuanto a la liquidación y recaudación del tributo, los expertos advierten de “dificultades y costes añadidos”. Los porcentajes de cobros de los impagados —advierten— son “bajos” por la carencia de medidas legales adicionales que aseguren el pago del tributo distinto al propio procedimiento de apremio. Por ello, proponen contar con algún tipo de afección del inmueble que se pretende transmitir.
“Esta vía reduciría notablemente las altas cifras de ingresos no recaudados por este tributo”, defienden. En algunas provincias (Lugo y Ourense) el pendiente de cobro supera el 20% del ejercicio corriente. Un porcentaje “considerable” ya que, de conformidad a las Ordenanzas Fiscales municipales, el régimen general de gestión y pago del tributo es la autoliquidación, en donde el contribuyente liquida y simultáneamente paga la cuota. En las grandes corporaciones gallegas, en algunos casos (Ourense, Pontevedra, Lugo, Ferrol y Vilagarcía) el pendiente de cobro se supera el 25% del ejercicio corriente. En concreto en Vilagarcía, se alcanza el 65% y en Ferrol, el 44%. En el otro extremo, A Coruña (8,4%) y Vigo (2,8%).
El tributo deja más 230 millones en cinco años, casi un 20% más de lo previsto por los concellos
Pese a los sucesivos fallos del Tribunal Constitucional que tumbaron el impuesto de plusvalía y la lejanía del boom inmobiliario, los ayuntamientos baten cada año récord en la recaudación del impuesto. Desde que se dictaron las primeras sentencias que anulaban el tributo cuando las ventas de inmuebles en suelo urbano no generaban ganancia alguna y el último fallo que exigía cambiar el sistema de cálculo para ajustarlo a la evolución del mercado inmobiliario y que, en la práctica, resulta menos gravoso para el contribuyente, han transcurrido cinco años.
Durante ese lustro, los municipios que aplican este tributo de carácter voluntario continuaron aplicando los coeficientes que marcaba la Ley de Haciendas Locales ya que no fue hasta el pasado mes de noviembre cuando el Consejo de Ministros aprobó la reforma del impuesto para subsanar la nulidad del modelo de cálculo decretada por el Constitucional. Entre 2017 y 2021, los ingresos municipales en Galicia por este tributo superan los 230 millones, un 17% más de lo previsto por los propios ayuntamientos en la elaboración de sus presupuestos. Así lo recogen los datos de liquidación presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda, con la excepción de 2021, cuyo balance definitivo no está cerrado y tan solo están disponibles las memorias de las cuentas previstas para ese ejercicio.
Esta situación de vacío legal durante estos cinco últimos años ha dejado un aluvión de reclamaciones de los afectados en el ayuntamiento de turno para lograr la devolución de la factura fiscal abonada en ventas a pérdidas o que, incluso habiendo ganancias, no se ajustaba a la evolución del mercado inmobiliario o a los beneficios reales.
