Galicia destapa en 10 años más de 1.700 casos de corrupción, pero solo el 14% fueron a juicio

Diez años se cumplen del estallido de la mayor trama de corrupción investigada en Galicia. Una década después de que la juez Pilar de Lara pusiese en el punto de mira a cargos púbicos de todos los colores políticos, el proceso por la Pokemon aún no ha terminado pero los juicios celebrados hasta la fecha dejan más archivos y exculpaciones que condenas. Para muchos imputados en esta macrocausa, la resolución llega tarde ya que en su día se vieron forzados a dimitir e incluso dejar la política. Jueces y fiscales llevan años advirtiendo de que las “dilaciones” en los juzgados pueden impedir procesos “justos”. En la última década en Galicia se detectaron más de 1.700 delitos de corrupción, pero en ese periodo poco más de 250 —el 14%— fueron calificados, es decir fueron llevados a juicio, según datos de la Fiscalía Superior de Galicia. Un balance que es fruto de los largos procesos de instrucción que afrontan los juzgados debido a la complejidad de estos asuntos, así como a demoras que, en algunos casos, no están justificadas.

Poner fin a los interminables procesos de instrucción es uno de los retos pendientes de la Justicia. Las dilaciones en la investigación de causas complejas, que en los juzgados gallegos suelen prolongarse durante más de cuatro años, hacen que la llegada de la sentencia pierda su función ejemplarizante ante la sociedad. Máxime en delitos de corrupción, para cuya investigación la Fiscalía Superior de Galicia reclama desde hace años equipos especializados ya que la dilación ilimitada en el cierre de sumarios perjudica la eficacia del proceso y alimenta errores hasta el punto de poder causar su anulación. Para tratar de revertir las negras estadísticas de este tipo de ilícitos penales en el ámbito del sector público gallego y perseguir estas prácticas corruptas, Fiscalía y Consello de Contas firmaron en 2018 un protocolo específico.

De estos últimos diez años, 2015 fue el ejercicio con más delitos de corrupción detectados en la comunidad: 288, el único que rebasó la barrera de los 200. Pero hubo años en los que el balance rozó esa cifra: 195 en 2015,y 191 en 2016. El año pasado los casos de corrupción incoados en los juzgados gallegos alcanzaron los 145, un 3,6% más que el ejercicio anterior. En cuando a los ilícitos penales llevados a juicio, en 2021 fueron un total de 30, un 43% más que el ejercicio anterior y se dictaron 21 sentencias, casi el cuádruple que un año antes (6). Desde el Ministerio fiscal dirigido por Fernando Suanzes destacan que la media anual de sentencias dictadas en casos de corrupción en los últimos años (15,29%, equivalen a más de la mitad de la media de asuntos calificados por el fiscal (27,29). Ahora bien, hay que tener en cuenta que no todos los asuntos calificados en un ejercicio son resueltos ese año, sino que la sentencia condenatoria llega en “año/s posterior/es”, lo que “no en pocos casos resulta explicable por el carácter habitualmente complejo de este tipo de delincuencia que deriva en cierta prolongación temporal entre la incoación, calificación fiscal y el enjuiciamiento y sentencia judicial”.

Dificultades de investigación

La ratio de delitos de corrupción calificados/incoados el año pasado fue del 20,69% (30 de 145). Se trata de una cifra superior a la ratio en el conjunto de delitos (17,76%: 14.440 de casi 87.000). “Este dato demuestra la especial intensidad de la actividad calificadora del Ministerio Fiscal en delitos relacionados con la corrupción pese a las dificultades de su investigación y prueba”, destacan desde la Fiscalía Superior.

De las cuatro provincias gallegas, Pontevedra fue el año pasado la que concentró el grueso de delitos de corrupción: un total de 68, el 47% del conjunto autonómico. Le sigue Lugo (34), A Coruña (29) y, finalmente, Ourense (14). Sin embargo fueron los juzgados gallegos los que celebraron más juicios por prácticas corruptas (15), seguidos de los de Pontevedra (6). Tanto en Lugo como en Ourense fueron calificados cinco delitos de corrupción.

En cuanto a la tipología del delito, el grueso de los casos de corrupción destapados el año pasado en Galicia fue por prevaricación administrativa (73). Por tráfico de influencias se incoaron 26 delitos, por blanqueo de capitales 18, por malversación 13 y por cohecho 10. El resto fueron por corrupción en el sector privado (2), alteración de precios en concursos y subastas públicas (2) y negociaciones prohibidas a los funcionarios (1).

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