“Con esta sentencia, han matado de nuevo a mi hijo”

“¿Cómo se indemniza la muerte de un hijo?” Es la pregunta que hace Pilar Rosanes Gutiérrez, que perdió al suyo el 9 de agosto de 2020 cuando el joven y su padre se dirigían a Santiago, último trayecto del viaje por Galicia que ambos habían iniciado en Barcelona, la ciudad en la que reside la familia. Josep fue arrollado por un Peugeot que entró en una curva de la AC-442, a su paso por Dumbría, al menos a 116 km/h, invadiendo el carril por el que circulaba el joven y su padre, testigo del impacto mortal. Más de dos años de espera para escuchar el relato del conductor que se llevó por delante la vida de Josep cuando solo tenía 20 años. Pese a que negó que circulase deprisa, las huellas, los vestigios y restos en el asfalto de esa curva no dejaron ninguna sombra de duda al equipo de investigación de accidentes: el turismo “en el momento en que perdió el control circulaba a 116 km/h como mínimo” en una zona limitada a 70 km/h. La señal de limitación específica estaba 300 metros antes de la curva, la vía era de doble sentido, con dos carriles separados por línea continua, la vía estaba seca, limpia y en buen estado de conservación, la visibilidad era buena y sin condiciones atmosféricas desfavorables.

Ante este diagnóstico de la Guardia Civil de Tráfico y las declaraciones de los testigos y el acusado, la juez acaba de emitir una sentencia condenatoria por homicidio imprudente grave (las penas van de uno a cuatro años de prisión y retirada del carné de uno a seis años). Pero para la familia es insuficiente porque ni es ejemplarizante para el acusado, que —lamentan—no ha mostrado ningún arrepentimiento, ni restituye el daño causado: Asier G. S., de 30 años, natural de O Pino y afincado en Pontevedra, ha sido condenado a dos años de cárcel y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores tres años y seis meses, así como a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Al carecer de antecedentes y ser una pena inferior a los dos años, no tendrá que ingresar en prisión. Las familias de víctimas de siniestros viarios se quejan de la normativa vigente: “La ley —advierten— no disuade a cometer el delito ni restituye el dolor causado”.

“Con esta sentencia, han matado otra vez a Josep, y a mí”, lamenta Pilar nada más conocer el fallo que la familia, afincada en Barcelona y de origen gallego, recurrirá. “Hasta donde haya que ir, iremos. Para mí el tiempo se paró el 9 de agosto de 2020. Mi presente es el pasado de mi hijo. Pediremos la pena máxima, cuatro años, y que asuma las costas del juicio, porque es el dinero de Josep”, denuncia consternada tras reconocer que tenía la esperanza de que después de que la fiscal cambiara su acusación en el juicio —de imputarle un delito de conducción temeraria se rebajó a homicidio imprudente— “le dieran un buen susto al impresentable que siguió mintiendo en sede judicial”.

“Que al menos pase un mes entre rejas. Ya que la ley no prevé ninguna sanción económica, la cárcel es lo único que permite que el homicida no quede impune. En el juicio, la propia juez ha visto que no asumió nada de lo que había ocurrido e insistía en que había visto un animal, pero ni pidió disculpas ni perdón por lo que había ocurrido”, cuestiona Pilar. La familia, que se trasladó al completo el pasado mes de octubre desde Barcelona hasta A Coruña para asistir al juicio, acompañados por amigos del joven fallecido —finalmente a la vista solo pudieron entrar tres personas de la parte acusatoria—, lamenta que salga tan barato delinquir al volante.

“Quien conduce no solo tiene que velar por su seguridad y la de quienes le acompañan en el vehículo, sino por la del resto de usuarios. Si tiras aquí, en Barcelona, unos contenedores en una manifestación, si golpeas con un monopatín una acera, te llevan detenido, pasas una noche en comisaría y Fiscalía puede solicitar 7 años de prisión ¿Cómo es posible que matar a una persona valga menos que el asalto de un contenedor?”, se pregunta la madre de Josep.

En el fallo, la magistrada del juzgado de lo Penal número 1 de Ferrol concluye que el acusado omitió las más “elementales normas de prudencia y el cuidado” que las circunstancias exigían, “obviando las señales de tráfico precedentes”, se introdujo en un tramo curvo a una velocidad “notablemente excesiva”, generando “una situación de riesgo que se materializó el fatal resultado”. Por lo que resuelve imputarle un homicidio imprudente grave. La magistrada elude hacer pronunciamiento alguno en materia de responsabilidad civil ya que los perjudicados, familiares de las víctimas, fueron indemnizados por la aseguradora; los ocupantes del vehículo (el conductor viajaba con otras dos personas) renunciaron expresamente a las acciones que pudieran corresponderles y los gastos de asistencia prestada por el Sergas fueron satisfechos por la aseguradora, por lo que no se formuló reclamación alguna en tal concepto.

“¿Cómo se indemniza la muerte de un hijo? Ese dinero es veneno… Si al menos lo tuviera que pagar el acusado, no una aseguradora. Si viniera de su bolsillo, que todos los meses se le retirase de su cuenta y que en cada pago tuviese grabado el nombre de mi hijo y se acordase de lo que hizo…”, reflexiona la madre de Josep, que solo siente ganas de tirar para adelante por la memoria de su hijo, pero además —dice— de todos los hijos que se quedan en la carretera.

“De la misma manera que hay jueces de Violencia de Género debería haber jueces de delincuencia vial, estarían más sensibilizados, no seríamos meros números de familiares, de víctimas que llegamos a un juzgado como un caso más”, reivindica Pilar, quien insiste en que las leyes deben ser disuasorias y restitutivas. Para la familia, no hay fallo que vaya a devolverles a Josep, pero al menos esperan que los acusados pidan perdón y se dicten condenas para que los delincuentes viarios tomen conciencia y respondan del daño causado. “¿Cuántos van a la cárcel? Al final entran los multirreincidentes por circular bebidos, conducción temeraria que no se han visto implicados en accidentes graves o mortales, pero en casos como este, sin antecedentes y con una pena inferior a los dos años no ingresan. Además, ¿alguien se cree que no vaya a conducir en los próximos tres años? ¿Hay policía suficiente para vigilar a todos estos condenados a la retirada del carné?”, se pregunta Pilar.

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