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PEAJES EN GALICIA

El Gobierno topará con ayudas la subida de peajes en la AP-9, que se encarece otro 4%

Renuncia finalmente a amortizar la deuda de 400 millones con Audasa y bonificará todas las subidas hasta 2026 | El trayecto entre A Coruña y Vigo escalará hasta los 18,2 euros

Caravana de vehículos para pedir la rebaja de los peajes de la AP-9 en A Coruña. | // CARLOS PARDELLAS

Cuando Autopistas del Atlántico SA (Audasa) ejecutó las obras de ampliación del Puente de Rande y de la nueva circunvalación de Santiago de Compostela, un Real Decreto firmado entonces por José Blanco le confirió el derecho de imputar a los usuarios una subida extra del 1% en los peajes, adicional por tanto a la que se aplica cada 1 de enero. Este plus empezaría a funcionar con el estreno de las obras —inauguradas apresuradamente y sin rematar— y se aplicaría durante un periodo veinte años. El Gobierno central tuvo estas semanas la opción de liquidar este recargo a mayores y liberar a los usuarios de esta penalización, y así lo llegó a trasladar no solo a Audasa, sino también a las concesionarias de la AP-6 (Abertis) y la AP-46 (el fondo Vauban). El mecanismo era el siguiente: saldaría de una tacada la deuda o saldo de compensación pendiente con estas compañías, por unos 800 millones de euros, de manera que desaparecería ese 1% de subida adicional y ya no tendría que seguir pagando unos intereses de hasta el 8%. Pero el Ejecutivo ha optado por la vía de en medio: subvencionará a las concesionarias para que solo puedan subir los peajes un 4%. Y no solo eso, sino que alargará estos subsidios hasta el año 2026.

En esencia, Audasa seguirá imputando ese punto porcentual a mayores a sus tarifas a los conductores, solo que estos ahora lo sufragarán por la vía de los impuestos, no en las cabinas de pago. La empresa reclamaba un incremento del 9,46%, resultado de sumar el índice de inflación con ese 1% del plus por las obras de Rande y Santiago. A partir del 1 de enero el coste por utilizar esta vía vertebral se ceñirá a ese 4%, y será el erario público el que asuma la diferencia. Como concretó el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, subvencionará “parte de los ingresos que las concesionarias dejarán de percibir el año que viene por la contención del incremento de los peajes”.

Ha reservado para ello una partida de 23,3 millones de euros. Para los siguientes ejercicios, y con independencia de quién pueda ocupar La Moncloa, el real decreto fijará la obligación de repartir más subsidios a las concesionarias entre 2024 y 2026. El objetivo, escalonar las subidas para contener la inflación, porque la factura se pagará igualmente. Aunque “poco a poco”. “Hay que tener en cuenta —concreta el comunicado del ministerio que dirige Raquel Sánchez— que la subida de tarifas es acumulativa, de ahí la necesidad de repercutir nuevamente al usuario la diferencia que no abona en 2023 [...] aunque poco a poco, para que pueda ser asumida en mejores condiciones por los ciudadanos”.

En esencia, los usuarios de la AP-9 pagarán desde enero 18,2 euros por el trayecto entre Vigo y A Coruña, tras la aplicación de la segunda mayor alza de peajes de los últimos veinte años. El que media entre Ferrol y Tui acariciará los 24 euros, un importe que rebasará los 52 euros para los camiones de mayor porte. Incluso con esta contención en las subidas de peajes validada ayer por el Consejo de Ministros —y divulgada a última hora de la tarde—, ese 4% será el mayor incremento en más de una década.

Expediente de Bruselas

El hecho de que el Gobierno haya optado finalmente por no amortizar la deuda con Audasa, por en torno a 400 millones de euros, alarga la vigencia del recargo del 1% extra en las subidas hasta 2038. Pero coincide con un expediente abierto por la Comisión Europea, que ha abierto a España un procedimiento de infracción por haber prorrogado la concesión —bajo el mandato de José María Aznar— hasta 2048. De acuerdo con las normas comunitarias, la extensión de un contrato de concesión es “equivalente” a una nueva concesión, que puede ser otorgada solo mediante un concurso público previo, por lo que con España habría violado las reglas de licitaciones públicas de la Unión Europea.

Fuentes de Transportes indicaron que habían estado trabajando en alternativas respecto a ese fondo o saldo de compensación, pero que no se habían decidido todavía por una amortización completa, tal y como recogió este diario y confirmaron ayer fuentes próximas al Ejecutivo.

Las claves

Rebaja del golpe a los conductores. Los peajes subirán menos de lo que estaba previsto por la revalorización del IPC y la compensación por las obras. Pero el alza, de ese 4%, será la más cuantiosa desde el ejercicio 2012.

El saldo por las obras, sin pagar. Concesionarias como Audasa ejecutaron obras con cargo a sus recursos, que después imputaron al Gobierno con el devengo adicional de intereses. Ese saldo pendiente es de 800 millones, la mitad de los cuales correspondería a la gestora de la AP-9. No se satisfará ese importe de forma anticipada

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