Más de 530.000 gallegos con rentas bajas se podrán beneficiar del cheque de 200 euros

Tener ingresos inferiores a 27.000 euros anuales, contar con un patrimonio que no supere los 75.000 euros, no cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y no ser perceptores de una pensión. Son los requisitos fijados por el Gobierno de Sánchez para poder recibir el cheque de 200 euros para familias con rentas bajas, una ayuda aprobada el pasado mes de diciembre dentro del paquete de medidas anticrisis y que busca compensar el incremento de la cesta de la compra. Se trata de una subvención de pago único para todo el año que, al igual que la aprobada el año pasado, abonará la Agencia Tributaria y a la que podrán acceder tanto asalariados como autónomos o desempleados que así la soliciten. Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que más de ocho millones de personas se beneficiarán en España de esta medida, casi 532.000 en Galicia. Este balance, partir de las estadísticas de rentas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), coloca a la comunidad gallega en el quinto puesto del ranking nacional de beneficiarios, por detrás de Cataluña (1.485.260), Madrid (1.265.212), Andalucía (1.223.666) y Comunidad Valenciana (898.220). Sin embargo, la gallega es la cuarta autonomía con el potencial de posibles beneficiarios sobre el total de las rentas más elevado: casi el 63%.

En el extremo opuesto de la tabla de potenciales beneficiarios de esta ayuda del Gobierno se coloca La Rioja (70.380), el único territorio por debajo de la barrera de los 100.000, seguida de Cantabria (111.851), Extremadura (158.751) y Asturias (189.871).

El pasado viernes, el Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria, ya activó la página web en la que los ciudadanos podrán solicitar la ayuda directa de 200 euros. El Gobierno deja así preparada toda la infraestructura digital de cara al próximo 15 de febrero, fecha en la que se abrirá el plazo para pedir el cheque y que se extenderá hasta el 31 de marzo. A la hora de hacer los cálculos de ingresos (inferiores a 27.000 euros) y patrimonio (por debajo de los 75.000 euros, descontando la vivienda habitual), se tiene en cuenta el conjunto de la pareja si la hubiera y estuviera registrada como tal. Los pensionistas o aquellos que perciben el IMV no tienen derecho a percibir la subvención.

Los técnicos de Gestha, un colectivo que realiza estudios macroeconómicos con el objetivo de conocer la realidad fiscal del país y conseguir una administración tributaria más eficiente y capaz de reducir el elevado volumen de economía sumergida, que ya alcanza el 24,6% del PIB, celebran la iniciativa aprobada el pasado mes de diciembre por el Ejecutivo, que inyectaría más de 1.300 millones a hogares con rentas inferiores a los 27.000 euros anuales y con un patrimonio no superior a los 75.000 euros.

No obstante, proponen establecer dos importes entre los posibles perceptores de las ayudas: uno para familias con hasta 14.000 euros de ingresos y otro para las que reciban rentas entre los 14.000 y 27.000 euros.

En el conjunto del país, los 7,9 millones de potenciales beneficiarios, según estimaciones de Gestha, representan el 57,2% del total de rentas. En el caso de Galicia, el porcentaje es casi cinco puntos más elevado: 62,91%, lo que la convierte en la cuarta comunidad con la tasa de afectados más elevada. A la cabeza Extremadura, con el 63,62%, seguida de Canarias, con el 63,52% y Castilla-La Mancha, con el 63,32%.

Aunque los expertos de la Agencia Tributaria entienden que el Gobierno apruebe la rebaja temporal del IVA de determinados productos básicos para contener parcialmente la inflación de los alimentos, advierten de que es una medida “ineficaz” que no soluciona, ni frena, el problema estructural de la subida de precios. El Ejecutivo rebajó el IVA del 4 al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, y del 10% al 5% para los aceites de oliva y de semillas y la pasta.

Sobre la ayuda de 20 céntimos por litro de gasolinas y gasóleos, Gestha defiende que se trataba de una medida “regresiva” al beneficiarse de ella las personas con rentas más altas y con mayor número de vehículos más potentes, a la vez que “contradictoria” para abordar la Estrategia Verde europea.

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