Ocho de cada diez pisos ocupados en Galicia son inmuebles de bancos y de la Sareb

La patronal inmobiliaria detecta más de 660 usurpaciones de viviendas el año pasado, un 10% más que en 2021, pero poco más de un centenar son denunciados, según el 091

Agentes, en un desalojo de una vivienda okupada en la calle Barrera de A Coruña el año pasado. |   // V. E.

Agentes, en un desalojo de una vivienda okupada en la calle Barrera de A Coruña el año pasado. | // V. E. / R. Prieto

El fenómeno ocupa en Galicia dista mucho de los allanamientos de viviendas en Cataluña, Madrid o el Levante, pero no es ajeno al alza experimentada en los últimos años en todas las comunidades. En el último lustro, los pisos y casas ocupadas se han quintuplicado en el conjunto del país, hasta alcanzar la cifra récord de 45 cada día. En Galicia el año pasado se produjeron 660 ocupaciones ilegales de viviendas, casi dos diarias, el 78% en inmuebles de procedencia bancaria, fondos de inversión y la Sareb, según datos de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein). Pero según los datos de la Policía, son poco más de un centenar las denuncias por ocupaciones en la comunidad.

La patronal inmobiliaria advierte de que la mayoría de las usurpaciones no se denuncian por “la inseguridad jurídica y la tardanza judicial” para solucionar el problema —en los casos de particulares con el cambio normativo el desalojo se realizan de manera exprés, en apenas 48 horas, pero con el resto de ocupaciones la duración media de los procedimientos en Galicia es de 15 meses mientras que la media nacional es de 18 meses— y además cada vez más afectados contratan servicios de empresas de ocupaciones o intentan llegar a un acuerdo económico con los asaltantes. El sector inmobiliario, que cifra el aumento de ocupaciones en Galicia en el último año en un 10%, apoya las modificaciones legislativas para agilizar los desalojos y que los jueces puedan ordenar la salida de los ocupas en 48 horas desde que el propietario lo denuncia o recibe el atestado judicial. En el conjunto de la comunidad, el norte es la zona más afectada por este fenómeno, con 66% de los allanamientos. En concreto, la provincia de A Coruña soporta más del 50%; Pontevedra un 24, Lugo un 16% y Ourense un 10%. De las ciudades, A Coruña se sitúa a la cabeza, seguida de Vigo y Lugo.

“Una buena parte se producen únicamente para la presunta obtención de un lucro económico ilegal presionando a los propietarios para tal fin”, advierte Benito Iglesias, presidente de Fegein, por lo que advierte de que los afectados “jamás deben negociar con los ocupas, como el pago de los suministros del piso para intentar aminorar el impacto económico”. Aunque estos actos sean de buena fe, dan pie a los inquilinos ya que dejan entrever que podría haber un contrato verbal de arrendamiento. Desde Fegein aconsejan tener dados de baja los suministros del hogar, como la luz, el agua o el gas, en aquellas viviendas en las que se puede cometer un delito de usurpación mientras se encuentran vacías a la espera de un inquilino o un nuevo dueño.

Aunque la mayoría de las ocupaciones en Galicia son de viviendas vacías de la Sareb, fondos de inversión y de procedencia bancaria, las que afectan a particulares son, según detalla Fegein, pisos vacíos procedentes de herencias. La patronal advierte de la pérdida de valor que sufren estos inmuebles tras la ocupación, de hasta el 50%. Y, aún así —apunta— no es fácil vender una vivienda que ha sido usurpada.

La patronal inmobiliaria ha identificado medio centenar de barrios como puntos calientes del fenómeno ocupa. En A Coruña, hay una quincena de zonas conflictivas, el 30% del conjunto autonómico: Barrera, Varela Silvari, avenida de Arteixo, calle San Lucas o Barcelona, Monte Alto, avenida de Peruleiro, calle de la Paz, ronda de Nelle, Agra do Orzán, A Zapateira, calle Eladio Rodríguez, calle Noia y calle de Padre. En Vigo la zona de Teis, Calvario, Cabral, Travesía de Vigo y calles del centro como Arenal, Cervantes, Esperanto, Progreso, Gran Vía, Alfonso XII y varias calles del Casco Vello son las más afectadas. En Ferrol, las ocupaciones se localizan en Ciudad Jardín, el barrio de Recimil, O Bertón y Orzán. En Santiago las zonas más afectadas se ubican en el barrio del Pexigo, rúa de Belvís, calle Rueiro de Figueiriñas, rúa de San Pedro, Algalia de Arriba y Cruceiro do Gaio. En Ourense, están en la calle Celso Emilio Ferreiro, la zona de As Burgas y varias calles del casco antiguo, la zona del Veintiuno, avenida de Portugal, avenida de Zamora, Mariñamansa y O Couto. En Lugo, las zonas marcadas en rojo son A Milagrosa, el Sagrado Corazón, A Piringalla y la rúa Carril do Mercado.

Desde la patronal inmobiliaria, su presidente defiende cuatro líneas de actuación para “combatir un libertinaje total y absoluto” por quienes ocupan ilegalmente una propiedad: desalojo en 24 horas una vez conocido por las fuerzas de seguridad el presunto hecho delictivo; recuperar del Código Penal el delito de usurpación de bienes inmuebles, impedir desde las administraciones el empadronamiento de las personas que ocupen ilegalmente una propiedad y un endurecimiento de las penas en caso de que grupos mafiosos estén detrás de ocupaciones.

“Inseguridad jurídica” de los propietarios e insolvencia de los ocupas

El presidente de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias advierte de que no solo deprecia el valor de la propiedad ocupada, sino también el de resto de las viviendas de la zona. Por ello, apela a las entidades financieras —que concentran casi el 80% de los inmuebles usurpados en la comunidad gallega— a “dar una pensada a si merece la pena ejecutar hipotecariamente una propiedad para después abandonarla a su suerte y que pierda casi todo su valor en el mercado, ya que la totalidad de estas propiedades, cuando se recuperan, quedan en un estado calamitoso”. “La realidad es que la sensación que tenemos la sociedad en general es que los ocupas tienen más derechos que los propietarios. Y mientras no se definan de manera nítida los conceptos de “vulnerabilidad”, “propiedad privada” y “usurpación”, la inseguridad jurídica seguirá siendo total”, cuestiona Iglesias. La actual ley de desahucio exprés, valora el presidente de la patronal inmobiliaria, “únicamente ha propiciado el hecho de que el propietario puede acudir en menos tiempo y por menos coste a un juicio civil de desahucio, algo de lo que la legislación procesal carecía”. Aunque en la mayoría de los casos, el propietario suele recuperar la vivienda “siempre con importantes desperfectos que nadie cubre por la insolvencia de los ocupas”. 

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