El Supremo deliberará el 7 de febrero sobre la continuidad de Ence en Pontevedra

La concesión original de la planta de Ence en Lourizán, otorgada inicialmente en el año 1958, vencía en el 2018. Pero fue prorrogada por el Gobierno de Mariano Rajoy, en una decisión que fue recurrida y que ya resolvió en su día la Audiencia Nacional en contra de la pastera. Ahora es el turno del Supremo, que deberá resolver el recurso de casación interpuesto por la compañía —además de por la Autoridad Portuaria de Marín o varias firmas auxiliares—, y que dirimirá hasta qué punto Ence tendrá o no continuidad en la entrada de la ciudad del Lérez. Ya hay fecha para esta deliberación final: será el próximo 7 de febrero.

Así lo comunicó ayer la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a través de un hecho relevante. “Se han notificado a la Sociedad sendas providencias del Tribunal Supremo de fecha 10 y 11 de enero, en las que se señala el día 7 de febrero de 2023 para la votación y fallo de los recursos de casación interpuestos por la Sociedad y otras Entidades contra las sentencias de la Audiencia Nacional dictadas en los procedimientos seguidos a instancias de Greenpeace España y el Ayuntamiento de Pontevedra, en las que declara la nulidad de la prórroga de la concesión de dominio público marítimo terrestre en la que se asienta la biofábrica de Pontevedra”, dice textualmente la notificación.

Ese día no se conocerá la resolución definitiva del Alto tribunal, sino que se demorará al menos unas dos semanas, apuntaron fuentes del entorno del grupo.

Tres fechas

En los últimos tiempos, Ence se ha debatido entre tres fechas: 2018, 2033 y 2073. El primero de estos años es en el que finalizó la concesión original a la fábrica para ocupar los terrenos de Lourizán en los que se encuentra actualmente; el último se corresponde con la prórroga que le concedió el Gobierno central, presidido por Mariano Rajoy cuando estaba en funciones, y que la Audiencia Nacional ha declarado ilegal; y 2033 sería la fecha tope hasta la que se podría mantener la empresa en la ría de Pontevedra si se aplicase la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que dice que las concesiones no podrán durar más de 75 años, prórrogas incluidas, y la de Ence, otorgada inicialmente en 1958, vencería entonces en 2033. Cabrían ahora tres escenarios posibles: que la sentencia confirme la dictada por el alto tribunal, con lo que Ence debería abandonar la ría de Pontevedra una vez finalizado el proceso judicial; que la decisión sea la contraria a la Audiencia Nacional, y por lo tanto pueda continuar hasta 2073, fecha en la que finaliza la concesión otorgada por el Gobierno central en 2016, o que se atiendan parcialmente los recursos y se pueda aplicar la Ley de Patrimonio, con lo que el cierre o el traslado debería producirse en el año 2033.

En los últimos meses, los principales sindicatos con representación en Ence, así como el comité de empresa y los trabajadores, se han movilizado para exigir a las administraciones una solución ante el posible cierre de la fábrica.

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