Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) comenzarán este martes 24 de enero una huelga indefinida, con el consecuente “riesgo de paralización” de los juzgados y tribunales de todo el país, en demanda de una mejora salarial equivalente al aumento de la carga de trabajo que sufrieron hace años sin que entonces se les compensara. Este parón sine die es el resultado del conflicto laboral que mantienen desde hace meses con el Ministerio de Justicia y que les ha llevado a protagonizar ya huelgas puntuales —que obligaron a suspender juicios y declaraciones— y concentraciones. En la imagen, funcionarios de órganos judiciales de A Coruña en la protesta del pasado mes de diciembre.

La Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Colegio Nacional de LAJ reprochan al Gobierno que hasta ahora no se haya introducido una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa para que “las retribuciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo”. Los convocantes llegaron a apelar a la “autoridad” de Pedro Sánchez, ante la “gestión insensible e irresponsable” del Ministerio dirigido por Pilar Llop.

Las asociaciones advertían a Sánchez de la “gravedad” y de la “extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales de todo el país, salvo los servicios esenciales”, que puede generar la huelga indefinida. Destacaban que tendría un impacto directo global en los ciudadanos, en las empresas y en todos los operadores jurídicos que se relacionan con el servicio público de la Administración de Justicia”. En concreto, avisaban de que se paralizarán los pagos judiciales a particulares (alimentos, deudas, indemnizaciones...) y al Tesoro Público (multas o depósitos, entre otros), dado que estos funcionarios son los únicos con facultades de disposición de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, que cuenta con un saldo promedio de 4.500 millones.

Según explicaban, el trabajo de los 4.300 Letrados dependientes del Ministerio de Justicia es “imprescindible”, por lo que su ausencia provocaría “enormes perjuicios” en juzgados y tribunales por nuevas dilaciones de los asuntos en trámite.

El conflicto tiene su origen en “la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas”, en especial la de 2015, lo que —denuncian— ha provocado un “insoportable desequilibrio”, informa Europa Press.