Al menos 200 juicios y vistas suspendidos en la ciudad de A Coruña por la huelga de letrados

Desde el 1 de enero de 2010, los 4.300 letrados de la Administración de Justicia en España, un total de 284 en Galicia, asumen nuevas funciones o se hacen cargo de otras que eran repartidas con jueces y fiscales. Pese a la mayor carga de trabajo que conllevaron las sucesivas reformas legales y organizativas, el Ministerio de Justicia no ha adecuado su salario a estas nuevas competencias y mayores responsabilidades. Con el objetivo de haber mover ficha al departamento que dirige Pilar Llop, el colectivo inició ayer una huelga indefinida que amenaza con paralizar unos 10.000 juicios diarios en España y bloquear cuentas judiciales con un saldo medio de unos 4.500 millones, cuya gestión corresponde exclusivamente a este cuerpo de funcionarios. En Galicia, la huelga tuvo un seguimiento de casi el 60% y provocó la suspensión del 70% de los juicios, vistas, declaraciones y otros actos judiciales, según datos facilitados por los colectivos convocantes de la protesta. En el caso de la ciudad de A Coruña, se vieron afectados entre 200 y 300 juicios y vistas.

Las asociaciones CNLAJ, UPSJ y AINLAJ volvieron a “tender la mano” a la ministra Llop para intentar resolver el conflicto y dan por hecho que tienen músculo para aguantar el pulso a Justicia. Para el primer día de huelga se convocó convocada una manifestación que salió desde la Plaza de Callao de Madrid a las 13.00 horas y en la que participaron funcionarios gallegos. El seguimiento en Galicia de esta primera jornada de paro fue del 61% en la provincia de A Coruña, del 62% en Lugo y Ourense y del 52% en Pontevedra. De las ciudades, A Coruña se coloca a la cabeza, con un respaldo del 75%.

El conflicto viene de lejos. Los letrados reivindican una adecuación salarial que se corresponda con sus funciones y las responsabilidades que ha asumido el colectivo desde la creación del modelo de oficina judicial, aunque no este implementado en todos los territorios.

Este conflicto tiene su origen en “la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas”, en especial la de 2015, lo que denuncian ha provocado un “insoportable desequilibrio”. Advierten de que no solo se trata de una mejora salarial, sino también de las condiciones laborales, tales como el régimen de sustituciones o la convocatoria de plazas.

Desde los colectivos convocantes, advierten de que este conflicto laboral, que ha provocado la convocatoria de una huelga indefinida, conllevará la paralización del sistema judicial, “con el consiguiente perjuicio para el justiciable y para todos los operadores jurídicos intervinientes en la Administración de Justicia”.

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