La inflación deja desiertas más de 400 licitaciones en Galicia por 75 millones

La crisis de las materias primas y la guerra en Ucrania trajo una subida de precios prácticamente inasumible, tanto para particulares como para empresas. Ante esta situación de asfixia económica, el número de concursos públicos a los que no se presentó ninguna compañía el año pasado en España aumentó un 146%: hasta 7.463 licitaciones se quedaron desiertas por un importe total de 5.303 millones de euros. Según los datos de la firma tecnológica de soluciones analíticas DoubleTrade, cerca del 95% de las operaciones no incluye una revisión de precios, factor que explica la gran cantidad de concursos a los que nadie concurrió.

En Galicia, según el informe publicado por DoubleTrade, quedaron vacantes 416 licitaciones que paralizaron 75 millones de dinero público. En el caso concreto de la comunidad gallega, este dato supone mejorar en un 8,2 % la cifra del 2021, ejercicio en el que fueron paralizados 82 millones, siendo uno de los pocos territorios que reducen el volumen de concursos desiertos por la inflación.

Por comunidades, destaca Andalucía, con 1.260 casos, representando un volumen económico por encima de los 570 millones. Le siguen Valencia (870 obras valoradas en 192 millones) y la Comunidad de Madrid (772 contratos públicos sin cubrir por cerca de 3.000 millones). Por el contrario, destaca Navarra con 24 concursos desiertos, que limita el presupuesto a 3,2 millones.

“Cabe destacar que muchas de las licitaciones públicas que se han quedado desiertas están financiadas con fondos europeos, por lo que la demora puede provocar la pérdida de esta subvención”, destaca el director general de DoubleTrade España, Xavier Piccinini.

La negativa de compañías de diversos sectores, que van desde construcción y suministros hasta servicios, a embarcarse en contratos públicos ha hecho saltar las alarmas de la Administración, que ya ha puesto en marcha distintos mecanismos para introducir la revisión de precios en las licitaciones.

Mientras, las empresas privadas denuncian un desajuste económico en el que los presupuestos ofertados son insuficientes y les impide recuperar la inversión debido al incremento de costes operativos, producto de la crisis de los suministros.

En el arranque del año, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reconocía que la administración gallega tenía sobre las mesa 38 solicitudes de empresas para revisar al alza los precios de las licitaciones. La administración autonómica, según avanzaba ya Rueda, prevé un año de licitaciones “potentes” en la comunidad y que condiciona a los fondos europeos. Desde la Xunta inciden en las fortalezas en las que se debe afianzar el sector gallego: la calidad y la sostenibilidad, con la promoción de sellos de buenas prácticas; la unidad, con la suma de fuerzas de toda la cadena de valor de la construcción, y la formación, para atraer a las nuevas generaciones y garantizar el relevo generacional.

En esa apuesta por la profesionalidad en el sector, Rueda destacaba que la Xunta dedicó más de 620.000 euros a colaboraciones con la Fundación Gallega de la Construcción para formar a cerca de mil personas y trabaja para expedir la Tarjeta Profesional de la Construcción para los titulados de la Formación Profesional para que puedan acreditar sus conocimientos.

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