La Xunta tira de 8,4 millones de la UE para aliviar la fuerte demanda de alquileres sociales

El parque de vivienda pública en Galicia se queda corto para la larga lista de demandantes. La oferta de arrendamiento, que está básicamente en manos del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), no llega a los 4.000 inmuebles, y además están ocupados. Los concellos apenas tienen y los que ofrecen están destinadas a casos de emergencia social. La demanda ya triplica la oferta: son más de 15.000 los inscritos en espera para acceder a un piso de protección en la comunidad, según datos de agosto del año pasado, de ellos el 59% opta en exclusiva por el régimen de alquiler, el 20% apuesta por el arrendamiento como opción posterior a la compra y solo el 21% pide acceder a un inmueble en propiedad. Para tratar de dar respuesta a la desbordante demanda de vivienda protegida en alquiler, ya cuadruplica a los que ansían la compra, la Xunta impulsará la construcción de pisos de protección y la rehabilitación de edificios con un uso distinto al residencial que se vayan a destinar a tal fin con una inversión este año de al menos 8,4 millones. Las ayudas, a cargo de los fondos europeos Next Generation, se repartirán al 50% entre ayuntamientos y promotoras, pero con el requisito de que deben construirse en terrenos de titularidad pública. El Concello de A Coruña avanzó hace semanas que optará a estas ayudas para financiar la obra del edificio de viviendas que construirá en Xuxán.

De ser superior la demanda a la partida de esta primera convocatoria, los fondos podrán ampliarse hasta duplicarse. El plazo para presentar las solicitudes comienza hoy y permanecerá abierto hasta el 6 de octubre. Las ayudas serán de 700 euros por metro cuadrado, con un límite de 50.000 euros por cada vivienda. Al no estar tasada la tipología de los pisos (en cuanto a superficie, número de habitaciones o su adaptación a personas con minusvalías) e incluir la doble opción de construcción y rehabilitación, como explica la Consellería de Medio Ambiente, no es posible realizar una estimación del número de viviendas para alquiler social que podrán habilitarse con 8,4 millones iniciales, una partida que podrá llegar a los 18,6 millones si la demanda así lo requiere.

Bolsa de suelo urbanizable

Para que resulte más atractiva la convocatoria para los promotores particulares ante el requisito de que esas viviendas se levanten en terreno público, los constructores podrán acceder a la bolsa de suelo ya urbanizable en las ciudades.

Esta última iniciativa de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda se suma a la compra a Abanca hace apenas un mes de 55 viviendas para alquiler social en 38 ayuntamientos —8 en la provincia de A Coruña, tres en la de Lugo, otros tres en la de Ourense y 18 en la de Pontevedra—. La adquisición de estos inmuebles, que la Xunta ya gestionaba para ofertar en régimen de alquiler social a personas en situación de emergencia, fue acordada el pasado mes de diciembre por el Gobierno gallego. A lo largo de este año, el Ejecutivo autonómico también prevé adquirir 46 de la Sareb —la sociedad para dar salida a los activos tóxicos de la banca rescatada—.

El programa anunciado ayer por la Xunta establece que las viviendas que se construyan irán destinadas al alquiler social durante un periodo mínimo de 50 años, con rentas que no podrán superar en el momento de la formalización del contrato el precio de arrendamiento por metro cuadrado de las viviendas protegidas de protección autonómica de régimen general que corresponda a la zona geográfica en la que esté localizada. En consecuencia, las viviendas ubicadas en municipios de precio máximo superior —es decir, las siete ciudades— tendrán los mismos límites de renta que las localizadas en la zona 1.

En el caso de viviendas promovidas por empresas privadas, estas pasarán a ser de titularidad pública una vez que finalice el periodo de concesión del suelo. Además, deberán suponer un incremento del parque público destinado a vivienda en alquiler. Los inmuebles deberán cumplir los requisitos de eficiencia energética que se establecen en la propia convocatoria y que supondrán la reducción de su consumo.

Las subvenciones destinadas a viviendas de protección podrán aplicarse a inmuebles de nueva construcción y a la rehabilitación de edificios con un uso distinto al residencial y que se vayan a destinar a alquiler social. Las viviendas que se construyan se adjudicarán a personas que vayan a tener su domicilio habitual y permanente en ellas, que estén inscritas en el Registro de Demandantes de Galicia para el acceso a las viviendas protegidas de régimen general y cuyos ingresos familiares no excedan de 4,5 veces el Indicador público de renta de efectos múltiples en 14 pagas —24.318,84 —.

Ayudas de hasta 10.800 euros para jóvenes que compren su primera vivienda

Los jóvenes de entre 18 y 35 años que tengan entre sus planes la compra de su vivienda habitual en ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes contarán este año con una partida de la Xunta en ayudas directas de 1,55 millones. Los incentivos previstos pueden llegar hasta un máximo de 10.800 euros por inmueble, siempre que esta cuantía no supere el 20% del precio de la compra. Así se recoge en la resolución publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia por la que se procede a la convocatoria de estas ayudas, que se podrán solicitar a partir de hoy y hasta el próximo 31 de octubre o el momento de agotamiento del crédito. Para poder beneficiarse de estas ayudas, los solicitantes tendrán que acreditar que las rentas anuales de todos los miembros de la unidad de convivencia son iguales o inferiores a 3 veces el IPREM (24.318,84 euros), aunque el límite subirá hasta 4 o 5 veces el IPREM en caso de que concurran determinadas circunstancias fijadas en la propia convocatoria. Otro de los requisitos para acceder al programa es que el precio de la vivienda, que tendrá que estar ya construida, independientemente de que sea nueva o usada, no supere los 120.000 euros y que la operación de compraventa se haya realizado con posterioridad a 15 de noviembre de 2022.

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