La Xunta cree que el fallo de Ence blinda el futuro de miles de inmuebles del litoral gallego

La Xunta se agarra a la decisión del Tribunal Supremo de validar la prórroga de la concesión a Ence para continuar en la ría de Pontevedra hasta 2073, en la que ve un aval al mantenimiento de miles de casas y empresas situadas en el litoral de la comunidad y amenazadas por el nuevo reglamento de Costas del Gobierno central.

“La sentencia avala la posición de la Xunta sobre las prórrogas de las concesiones en dominio público marítimo-terrestre”, proclamó ayer Rueda tras haber estudiado el caso en la reunión del Consello a raíz de un informe de la Consellería de Medio Ambiente. Reconoció, eso sí, que todavía se desconoce el contenido íntegro del fallo.

El Supremo sí avaló la prórroga concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy a la papelera alegando que contaba con todos los informes medioambientales a favor, tumbando así fallos anteriores de la Audiencia Nacional.

El Supremo considera que “se pueden prorrogar las concesiones anteriores a la Ley General de Costas de 1988, como es el caso, siempre que consten informes medioambientales favorables”.

Y esa es la clave a la que se agarra la Xunta, que abrió un conflicto con el Gobierno central después e que este aprobase un real decreto en agosto pasado que afectaba a las concesiones de viviendas y empresas situadas en dominio público marítimo-terrestre con concesiones previas a la Ley de Costas de 1988. Rebajó la duración de las concesiones de 75 a 30 años y redujo a 30 años las prórrogas extraordinarias concedidas, por lo que obligaba a dejar la costa quienes tuviesen una concesión previa a 1988.

La Xunta recurrió ante el Supremo una norma que afectaría, según sus cálculos, a 4.000 construcciones en el litoral gallego. “Creemos que el recurso quedaría avalado [por el fallo a favor de Ence]”, concluyó Rueda.