30.000 afectados por el amianto en Galicia, a la espera del fondo de compensación

7.000 muertos. Es el balance que han dejado en España las enfermedades que ha provocados la inhalación de amianto: cáncer de pleura, cáncer de pulmón o asbestosis. Estas graves consecuencias para la salud han llevado a las víctimas a exigir una compensación al Estado. En Galicia, el naval, la construcción, el ferroviario y el personal civil de la Armada concentran el grueso de los afectados, que desde hace más de cuatro años dan la batalla por conseguir el fondo de indemnización prometido. Se calcula que en la comunidad gallega son unos 30.000 los afectados.

La presión de asociaciones de víctimas y sindicatos ha forzado al Gobierno central a mover ficha y finalmente el verano pasado el Congreso aprobó para remitir al Senado la proposición de ley que crea ese fondo para compensar a las víctimas por daños y perjuicios sobre la salud resultantes de una exposición “en ámbito laboral, doméstico o ambiental”. Pero a día de hoy el reglamento necesario para poner en marcha ese fondo para las víctimas del amianto sigue pendiente de desarrollo pasado un mes desde que se cumpliera el plazo de tres fijado en la ley y los afectados pudieran comenzar a reclamar sus compensaciones.

El 19 de octubre de 2022 el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la ley para la creación de este fondo, una reivindicación de las asociaciones de víctimas y los sindicatos desde hace aproximadamente quince años. En Galicia falta una cifra definitiva de afectados del amianto, pero diversos cálculos estiman entre 17.000, si se habla solo del naval, y 30.000 si se incluyen otros sectores.

La norma, aprobada por unanimidad en el Senado, daba tres meses para dictar el reglamento necesario para poner en marcha el fondo, una fecha que se cumplió el pasado 19 de enero.

Desde el Ministerio de Inclusión —encargado de un desarrollo en el que también trabajan el Ministerio de Sanidad y el de Trabajo— explican que eran necesarias unas modificaciones normativas previas que se han aprobado recientemente por las Cortes y que se está trabajando en todos los desarrollos para poder asumir esta nueva competencia. También destacan que el contacto con los afectados es permanente y que el reglamento está bastante avanzado.

“Las compensaciones no van a poder empezar a llegar hasta que no se haga ese reglamento”, recuerda el secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO, Mariano Sanz, que señala entre las dificultades la forma de definición y acreditación de todas las víctimas —no solo los trabajadores sino también los familiares que lavaban sus ropas— y el tema fiscal, informa Efe.

En el trámite parlamentario quedó pendiente que las compensaciones de este fondo no tuvieran retención fiscal, algo que sí ocurre en otras compensaciones como la de las víctimas de terrorismo.

Desde UGT reconocen que los tiempos para el desarrollo reglamentario se han apurado y también señalan a esa necesidad de poder habilitarlo para que pidan las compensaciones no solo trabajadores sino también los familiares afectados.

El fondo, tal y como quedo recogido en la ley, será gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y contará con consignaciones o transferencias que se determinen en los presupuestos, así como con otras aportaciones como, por ejemplo, de sanciones a empresas.

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