Multas a 69 supermercados e industrias por violar la Ley de Cadena Alimentaria

Incumplir los plazos de pago, fijados en un máximo de 60 días; inexistencia de contratos por escrito o la no inclusión del precio en esos contratos, un elemento clave para la seguridad y transparencia de las operaciones en la cadena. Son los principales motivos por los que un total de 69 supermercados e industrias han sido sancionados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria. Las multas oscilan entre los 1.800 y más de 11.000 euros, según recoge el primer listado hecho público por el Ministerio de Agricultura, tal y como reclamaban las organizaciones agrarias, y en el que aparecen las cadenas de supermercados Dia o Carrefour, así como empresas como J. García Carrión o Ray Lech, además de decenas de industrias, entre ellas la coruñesa Inleit Ingredients, ubicada en Curtis-Teixeiro.

Se trata de sanciones firmes por vía administrativa o vía contencioso-administrativa que responden a la reforma aprobada a finales de 2021 de la Ley 12/2013, con la que se persigue lograr un justo reparto de los costes del sector y mejorar las condiciones del productor.

El informe incluye sanciones a empresas agroalimentarias de diversa naturaleza, en su mayoría por no cumplir los plazos de pago a proveedores, pero también por diversas irregularidades en los distintos contratos, según recoge la normativa. No se especifican detalles más concretos sobre la demora de los pagos ni quiénes son los proveedores afectados.

Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) muestran su satisfacción por la publicación del listado. “Las sanciones evidencian que sin Ley de Cadena Alimentaria volveríamos a la ley de la selva porque la cadena no se regula con buenas voluntades y las publicaciones un paso adelante en la aplicación de la ley, confiamos en que redunde en la mejora de las relaciones en la cadena y en la protección del sector primario frente a los abusos que practican nuestros compradores”, declara Andoni García, miembro de la Comisión Ejecutiva COAG.

La publicación de empresas y supermercados incumplidores es una de las viejas reivindicaciones de Unións Agrarias, organización que interpuso más de 30 denuncias en distintos sectores por violar la Ley de Cadena Alimentaria. Pese a hacerse pública la lista de sancionados, tanto por la cuantía impuesta, como por el impacto en su reputación, según destaca su secretario xeral, Roberto García, advierte de que está pendiente que la Administración atienda otra de sus peticiones: que el proceso de denuncia se comunique a la parte denunciante para que así pueda recurrir ante las alegaciones exculpatorias esgrimidas por las empresas.

Desde UUAA apremian al Gobierno a resolver uno de los mayores problemas para los ganaderos. “Se debe equilibrar el proceso de negociación, ya que al tratarse de un producto perecedero si no hay acuerdo entre ganaderos e industria no se puede forzar al productor a tragar con lo que impone la empresa”, sentencia García. Además, vuelve a denunciar  que no se vela para que no haya precios por debajo de los costes de producción. Para conseguirlo, reclaman una vez más que se cree un Observatorio Público de Costes por parte de las administraciones autonómicas, que fijen unos precios de referencia y, de abonarse por debajo de esas cantidades, que se actúe de oficio contra quienes incumplan.

Entre los 69 sancionados por la AICA hay una industria gallega, Inleit Ingredients, ubicada en el polígono industrial de Curtis, condenada a una multa de 9.000 euros por realizar modificaciones del precio incluido en el contrato que no están expresamente pactadas por las partes.

Los Centros Comerciales Carrefour han recibido una sanción de 3.001 euros por el incumplimiento de los plazos de pago. Dia Retail España afronta dos sanciones por incumplir en los plazos de pago de 3.001 euros y de 3.899,12 euros.

La mayor cuantía de las sanciones afecta a Ray Lech, empresa dedicada al comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles, que recibe dos multas, una de 3.001 euros por el incumplimiento de los plazos de pago y otra de 11.500 euros por no formalizar por escrito los contratos alimentarios y no incorporar en los mismos el precio.

Suscríbete para seguir leyendo