PSOE y PP retoman enquistados el debate sobre el traspaso de la AP-9 a Galicia

El Congreso de los Diputados retomó ayer, casi dos años después, el debate sobre el traspaso a Galicia de la Autopista del Atlántico. Pero lo hizo con PSOE y PP reafirmándose en sus posiciones, diferentes a las acordadas cuando el Parlamento gallego reclamó por unanimidad la transferencia, lo que, de momento, imposibilita que la reivindicación se pueda materializar en las mismas condiciones en que se acordó por consenso en la Cámara gallega.

Lo que ayer se comenzó a debatir en ponencia en la Comisión de Transportes del Congreso fue la proposición de ley salida del Parlamento autonómico con el añadido, que es lo que genera ahora el conflicto, de las enmiendas incorporadas —ya en la Cámara Baja— al texto original.

El PSOE presentó varias correcciones a la iniciativa aprobada en el Parlamento gallego que la descafeinaban por completo. En vez de reclamar la transferencia de la titularidad de la AP-9, los socialistas cambiaron de postura en la fase de enmiendas y pasaron a pedir el traspaso de las competencias de “administración y explotación” de la AP-9. Alegaban que transferir su propiedad “podría comprometer” la aprobación de las futuras bonificaciones —que se comenzaron a aplicar en julio de 2021— a los peajes por parte del Gobierno central.

Y el PP, también saliéndose del guion aprobado por el Parlamento gallego y como reacción al paso socialista, exigió que el eventual traspaso se acompañara de los recursos necesarios para mantener durante todo el período concesional un sistema de bonificaciones que contribuya a paliar el impacto de los peajes en los usuarios. Argumentaron los populares que querían evitar que la eventual transferencia se convirtiera en una “carga económica” para la Xunta a la que, además, no fuera capaz de responder.

Estas posiciones se mantuvieron ayer en una sesión en la que todas las formaciones se limitaron a exponer sus posiciones de partida y, de no haber acercamiento, se condenará al fracaso, otra vez, la demanda sobre la AP-9, porque al tratarse de una transferencia regulada por una ley orgánica se necesita mayoría cualificada por parte del Congreso.

La negociación en sí comenzará a finales de mes en otra sesión de la ponencia. Ahí se vislumbrará hasta dónde están dispuestos los partidos a ceder en busca una posición común.

El BNG se mantiene firme en tramitar la proposición de ley tal cual salió del Parlamento gallego. De hecho, no llegó a presentar ninguna enmienda y además pide a socialistas y populares que retiren las suyas. El PP, por su parte, sostiene que el PSOE ha intentado “rebajar” la demanda gallega, al negarse a la transferencia de la titularidad de la AP-9 y requiere a los socialistas que “muden de opinión”, al tiempo que mantiene las suyas para no castigar las arcas autonómicas. “No resulta aceptable la postura del PSOE”, contó ayer el diputado del PP Celso Delgado.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sostuvo —antes de conocer el discurrir de la ponencia— que confía en que “esta vez sea la definitiva” la propuesta de transferencia de la AP-9 “tras muchos años de aplazarse”.