Además de lidiar con una importante subida de los costes de producción o unos márgenes de rentabilidad ajustados, el sector ganadero —especialmente el porcino, aunque también el avícola o el vacuno en el caso de la cría de terneros—, se enfrenta ahora a otro miura en forma de marco legislativo. Se trata del nuevo real decreto que compila varias modificaciones de normas, ya en vigor, y que crea nuevas herramientas con el fin de mejorar el bienestar animal y facilitar los controles oficiales, pero que también implica esfuerzos para las explotaciones.
Entre sus puntos más llamativos contempla nuevas condiciones respecto de la alimentación, agua o comederos y además establece distintos valores sobre la densidad máxima de animales en las granjas, lo que en el caso gallego implicará una reducción de casi 200.000 cerdos, sobre un censo de aproximadamente 1,3 millones. Es decir, “un 15% menos”, calcula el presidente de la Federación Gallega de Porcino (Fegapor), Pablo Meijomín. La comunidad, indica, cuenta con 1.260 explotaciones profesionales, de las que un millar son cebaderos —con centros de entre 20 y 120 kilos—, que estarían afectadas por el decreto.
La modificación del espacio mínimo del que debe disponer el lechón —0,2 metros cuadrados hasta 10 kilos, que va creciendo en función del tamaño del animal— conlleva “una reducción entre un 8% a un 12% de las plazas disponibles manteniendo las mismas estructuras”, cuantifica, por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Miguel Ángel Higuera. “Si no puedes afrontar unos costes de inversión de nuevas explotaciones, lo que tienes es una reducción de producción. Esos animales de menos ya están generando unas pérdidas. Las pérdidas directas que tenemos calculadas por la reducción de esa superficie están entre 2 y 2,5 euros por animal”, asegura.
La única solución, prosigue, pasaría por incrementar instalaciones “para mantener la capacidad y seguir con nuestro nivel de producción o construir otra granja”. Un movimiento, admite, que no sólo implica gastos, sino también burocracia y tiempo, pues hay que solicitar permisos. “Ampliar la granja es muy complicado. No es algo sencillo con la normativa actual”, coincide Pablo Meijomín. “Hay que obtener permisos, ver las distancias, en que grupo está...”.
En Galicia, explica, hay dos tipos de explotaciones: las de producción de lechón, que no estarían afectadas, y los cebaderos, que son donde impactaría de lleno la nueva normativa, que agravaría la falta de animales ya existente, pues en la comunidad no hay suficientes lechones y se importan de Holanda o Alemania.
El principal gasto de los cebaderos está en la amortización de las naves. Una instalación media de mil plazas puede costar entre 400.000 y 500.000 euros. “Si se te reducen los ingresos en un 15% se compromete mucho la viabilidad de las explotaciones”, se queja Meijomín.
Tanto Fegapor como Anprogapor coinciden en lo “contraproducente” que resulta el continuo baile normativo. “Tenemos demasiado solapamiento de normas que no da margen al ganadero para amortizar inversiones”, subraya Miguel Ángel Higuera. “Las normativas de bienestar animal cambian cada cinco años. En 2027 nos van a meter la normativa completa que va a ser un auténtico desastre. En el caso de las reproductoras va a abocar al cierre a un gran porcentaje de las granjas de España. Va a ser muy difícil de cumplir”, complementa Pablo Meijomín.
