Galicia y Asturias reclaman cambios en la UE para acceder a más fondos por despoblación

Galicia y Asturias constituyeron ayer otro frente común que se suma al de la financiación autonómica, al de la defensa del Corredor Atlántico ferroviario con Castilla y León y al creado este pasado lunes con Cantabria y País Vasco para meter presión a Francia —también a raíz del corredor—. El de ayer, formalizado en Taramundi en la cumbre bilateral entre las dos autonomías, tiene que ver con el desafío demográfico, que fue el motivo de la reunión. Ambos territorios reclaman cambios en los baremos que usa la UE para definir las zonas escasamente pobladas. Quieren criterios menos restrictivos que permitan a las dos comunidades incluirse en esa categoría y así poder acceder a más fondos europeos para combatir la despoblación.

De aplicarse reglas más flexibles, amplias áreas de Galicia (en Ourense y Lugo, sobre todo) y de Asturias gozarían de “privilegios” y “beneficios”, en palabras de los presidentes Alfonso Rueda y Adrián Barbón, de los que ya disponen otros territorios con similares problemas demográficos. Estas ventajas se traducirían en más beneficios fiscales, más incentivos para la implantación de empresas, más ayudas directas y más cofinanciación de proyectos por parte de Bruselas.

Lo que piden en concreto, según los acuerdos de Taramundi (Asturias), es que a la hora de determinar las zonas escasamente pobladas no solo se tenga en cuenta, como ahora, la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado —menos de 8 o de 12,5, según las categorías—, sino que se incluyan otros aspectos como el envejecimiento, la dispersión de los núcleos de población o la baja natalidad. Los criterios aplicados actualmente son tan estrictos que en España solo hay tres provincias que cumplen los requisitos: Cuenca, Teruel y Soria.

Pero como el papel de las comunidades autónomas ante Bruselas es muy limitado a la hora de trasladar reivindicaciones, la Xunta y el Principado se dirigirán al Gobierno español para que este demande a la Unión Europea una modificación de los criterios con el objeto de ampliar el concepto de “zona escasamente poblada” recogiendo esos tres nuevos factores. Así que lo primero, como dijo Rueda, es convencer al Gobierno central para que después este medie ante las autoridades europeas.

A juicio del presidente gallego, los “privilegios” que ya perciben las zonas menos pobladas en materia de beneficios fiscales y mejores condiciones de cofinanciación serían positivos para ambas autonomías. “Tienen que darse cuenta de que aquí cuesta más prestar los servicios”, dijo, poniendo como ejemplo que no es lo mismo aportar el 30% de la financiación para un proyecto en una comunidad a la que le cuesta menos prestar un servicio que en otra que, por sus circunstancias de dispersión, orografía o envejecimiento, le exige mucho más.

Financiación autonómica.

La misma sintonía que mostraron ante el desafío demográfico la exhibieron también ante la financiación autonómica. Reiteraron su “tajante” oposición, pese a su distinto signo político, a un futuro modelo basado “únicamente” en el número de habitantes de cada comunidad y que no incorpore otros criterios como la estimación del coste real de los servicios en los diferentes territorios, en lo que influye el envejecimiento y la dispersión poblacional.

Según Barbón, su primera demanda al Gobierno si logra revalidar su cargo en las elecciones del 28 de mayo será la exigencia de que se aborde de una vez la reforma del vigente modelo de financiación que debe partir de un incremento de los fondos que reciben todas las autonomías ya que ninguna aceptaría un sistema que no le permita mantener sus ingresos. Además, su principal objetivo sería garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública.

Rueda asintió. “No es lo mismo financiar la sanidad pública en territorios concentrados que en Asturias o Galicia, que es mucho más costoso”, dijo.

Y ambos coincidieron también en que el problema sanitario es de toda España, no solo de unas determinadas comunidades, y que la causa es la falta de profesionales.

El Plan Retorna se exporta.

Asturias manifestó su interés por conocer y aplicar en su territorio el Plan Retorna de la Xunta, cuyo objetivo es lograr la vuelta de emigrantes o descendientes, con nacionalidad española, como una herramienta más para contrarrestar la baja natalidad. “Es algo que nos gustaría poder desarrollar en los próximos años, aprendiendo de la experiencia gallega”, comentó Barbón.

Cumbres anuales.

Otro de los acuerdos que tomaron ambas delegaciones fue el dar carácter de permanencia a las cumbres, de forma que se celebren una vez al año. Y también se pactó crear un grupo de trabajo conjunto sobre el reto demográfico para intercambiar experiencias o diseñar estrategias comunes. Por parte de Galicia, además de Rueda, acudieron los conselleiros de Política Social, Fabiola García, y de Medio Rural, José González.

La alianza no diluye el conflicto por el topónimo ría de Ribadeo

Ambas comunidades autónomas se prodigan en frentes comunes, pero hay un conflicto que no se diluye a pesar de las buenas relaciones bilaterales. Es el causado por la denominación del estuario que separa las dos comunidades, llamado “ría de Eo” en Asturias y “ría de Ribadeo” en Galicia. Así lo reconocieron Rueda y Barbón en la comparecencia posterior a la cumbre de Taramundi. Ellos no sacaron el tema, sino que le preguntaron si dada la sintonía en financiación autonómica, el Corredor Atlántico o el reto demográfico, iba a haber también un acuerdo sobre el topónimo. El presidente del Principado sostuvo que no habían tratado el tema en la reunión, pero que en todo caso “no ha habido entendimiento”. “Ahí no nos hemos puesto de acuerdo”, terció el titular de la Xunta. “Pero no pasa nada”, replicó Barbón. El Ministerio de Transportes admitió en noviembre de 2022 la cooficialidad de los topónimos ría de Ribadeo y ría del Eo, este último propuesto por el Principado y avalado por el Instituto Geográfico Nacional. Esta decisión supone la inclusión de ambos topónimos en todas las bases de datos geográficas producidas por las administraciones públicas, pero la Xunta ha presentado un recurso contra ya que considera que esta nomenclatura es incorrecta tanto geográfica como semánticamente y, por tanto, vulnera la normativa reguladora de la determinación de los topónimos oficiales.

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