Alquileres e hipotecas elevados relanzan la demanda de vivienda protegida tras años estancada

Tras años con la cifra de demandantes de pisos protegidos estancada, el número de solicitantes registrados en el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) ha experimentado un cambio sustancial en el último medio año. Ahora se acercan a los 16.100, un 7% más que los alrededor de 15.000 que se mantenían estables, con escasas variaciones, desde 2013. El incremento de los precios del alquiler, la reducción del parque de viviendas en arrendamiento tradicional —frente al turístico— y el alza de las hipotecas han hecho que la atención se desvíe, y con más intensidad, a la oferta de viviendas de protección, tanto de promoción pública como privada, que gestiona la Xunta.

En agosto del pasado año había 15.073 inscritos en el registro. Del total de demandantes, 8.913 (el 59%) optaban en exclusiva por el régimen de alquiler y otros 3.011 (el 20%), apostaban por el alquiler con opción de compra. Solo el 21% (3.149 personas) pedía acceder a una vivienda en propiedad.

Ayer, la cifra total alcanzaba los 16.082 solicitantes, de los que 9.474 aspiran a un piso en alquiler; otros 3.207 al arrendamiento con opción de compra y 3.401 a la adquisición.

Sin embargo, la oferta está básicamente en manos del Instituto Galego da Vivenda e Solo y su parque inmobiliario para este fin no llega a las 4.000 viviendas, que además ya están ocupadas. Los concellos apenas tienen y las que ofrecen están destinadas a casos de emergencia social o a víctimas de violencia de género, por ejemplo. La Administración autonómica, en todo caso, ha ampliado su oferta recientemente con la compra de 55 viviendas en 30 municipios a la entidad bancaria Abanca por un precio de 3,9 millones de euros, y otras 40, por casi 3,5 millones y en 16 concellos, a la Sareb, la sociedad para dar salida a los activos tóxicos de la banca que en la crisis de 2008 fue rescatada.

“La Xunta intenta dar ahora esa batalla, pero va todo muy despacio. Las viviendas de alquiler social que hay en Galicia son totalmente insuficientes”, sostiene el presidente de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias, quien asegura que la radiografía apenas ha cambiado desde 2008 y lo que realmente resulta necesario es incrementar el parque oficial de pisos, sobre todo en las ciudades y en sus áreas metropolitanas.

Iglesias considera que mercado del alquiler se ha resentido sobre todo desde la pandemia y a causa de la normativa estatal que pretende su regulación, que ha provocado inseguridad jurídica y una retracción de la oferta. “En el circuito del arrendamiento tradicional hay 3.000 viviendas, pero hay 17.000 pisos turísticos. El propietario es libre de hacer lo que quiera, pero se pasan al turismo por seguridad jurídica y por rentabilidad”, indica.

Además, por esta falta de seguridad jurídica, añade, los dueños no ponen en el mercado las viviendas vacías —unas 345.000 en Galicia— y cuando lo hacen, es para vender, no para arrendar.

A eso se une, según el presidente de la patronal inmobiliaria, el encarecimiento de las hipotecas y las restricciones a su acceso que pone la banca, lo que lleva a que una parte cada vez mayor de la población no pueda acceder a la financiación para adquirir una vivienda, que son básicamente jóvenes o inmigrantes que viven en entornos urbanos.

“Todo esto presiona con fuerza la demanda del mercado de la vivienda y la gente se va al de alquiler, sobre todo en las ciudades y en sus áreas metropolitanas”, expone Benito Iglesias.

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