Galicia bate récord de peticiones de asilo, 14 al día, como vía para lograr la regularización

En 2022 se superaron las 5.000, más del doble que un año atrás. La mayoría de extranjeros optan por este mecanismo para hacerse durante la tramitación con la residencia por arraigo

Una mujer realiza los trámites de solicitud de protección internacional en A Coruña. |   // CARLOS PARDELLAS

Una mujer realiza los trámites de solicitud de protección internacional en A Coruña. | // CARLOS PARDELLAS / R. Prieto

La mayoría no huyen de países en guerra ni son víctimas de persecución política, amenazas o extorsiones. Pero se ven obligados a hacer las maletas en busca de un trabajo que les permita dejar atrás las penurias económicas y la falta de expectativas en la tierra donde nacieron y que ahora tienen que abandonar con un billete solo de ida. Llegan con un visado de turista por tres meses, pero cuando inician el viaje saben que es para no volver a casa. Para tratar de ganar tiempo y lograr la regularización por arraigo —exige la residencia por tres años y un contrato de trabajo—, son cada vez más los ciudadanos extranjeros que solicitan el asilo a sabiendas de que su petición será denegada. En Galicia se batió el año pasado récord de peticiones de solicitudes de protección internacional: un total de 5.124, lo que supone una media de 14 cada día. Son más del doble que las registradas el ejercicio anterior, en concreto un 132% más (2.209 en 2021), cuatro veces más que hace cinco años y casi tantas en solo tres días como en todo 2015: 45, según datos del Ministerio del Interior.

España es uno de los principales destinos de quienes demandan asilo y refugio. Tras Alemania, Italia, Francia, Grecia y el Reino Unido, España es el país de la UE con más peticiones de permisos humanitarios: más de 118.000 presentadas el año pasado, una cifra récord desde que se aprobó la ley de asilo en 1984 y que supone un 80% más que las registradas en 2021 (65.482). Detrás de este repunte en los últimos años están las solicitudes de permiso humanitario, un trámite que hace años se reservaba para casos excepcionales, como por ejemplo el traslado de un niño de África para someterse a una operación. Pero el Gobierno de Sánchez extendió esta modalidad a extranjeros procedentes de países en una situación política delicada, como Venezuela, Perú o Colombia. Pero la gran mayoría optan por esta vía como refugio a su situación de irregularidad de España. “Se solicita porque no tienen alternativa para quedarse por otra vía”, reconoce Miguel Fernández, portavoz del Foro Galego da Inmigración. De ahí que entre el 80 y el 90% de las solicitudes de asilo, detalla, sean denegadas ya que no se trata de refugiados o víctimas de la persecución política en sus países.

La mayoría de las peticiones registradas en la comunidad gallega proceden de Perú y, en segundo lugar, Colombia. “Todos los procesos migratorios tienen que ver con lo que pasa en los países de origen. Antes estaba a la cabeza Venezuela [debido a la situación económica, política y social], ahora proceden de Perú y Colombia”, apunta Fernández. Sobre la guerra en Ucrania, destaca que el peso de estas solicitudes en Galicia es menos significativo que en otros territorios. En los casos de refugiados, se realiza la petición y ya se reconoce automáticamente. “Este flujo —añade— ya terminó”.

Como se trata de un proceso lento, de al menos dos años, se convierte en un subterfugio para los demandantes ya que a los tres años de llegar a España puede tramitar la residencia por arraigo. Para ello, necesitan acreditar que tienen medios para subsistir en el país, es decir, un contrato laboral.

En los últimos cinco años, fueron más de 440.000 las solicitudes de asilo tramitadas en España. En la comunidad gallega se registraron cerca de 16.000.

Pese a que España está entre los países con más peticiones de protección internacional, solo da el visto bueno a un 35% frente al 45% de media, según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). El balance del año pasado se queda por debajo, con apenas el 30% de la peticiones concedidas. De las más casi 119.000 demandas de asilo y refugio tramitadas en España, solo fueron concedidas 35.1359. La mayoría a personas procedentes de Venezuela (más de 45.700), seguido a distancia por Malí, país donde la amenaza del ISIS y otros grupos terroristas expulsan población. El balance global de Interior no incluye a las más de 160.000 personas que pidieron amparo por la invasión de Ucrania por Rusia.

La mayoría de los solicitantes fueron hombres (54%), de entre 18 y 34 años (49,68%), que presentaron su solicitud tras entrar en territorio nacional. Por comunidades autónomas, Madrid encabeza la lista de solicitudes (cerca de 47.700, el 40% del total), seguida de lejos por Andalucía (11.722), Cataluña (10.369), Comunidad Valenciana (7.258), Canarias (6.466) y el sexto puesto del ranking Galicia (5.124, el 4,3% del conjunto del país). De las cuatro provincias gallega, A Coruña lidera la tabla y se coloca como la novena del país con más peticiones (2.136), seguida de Pontevedra (1.607, en el puesto 16). Por debajo de la barrera de las 1.000 demandas se colocan Ourense (874) y Lugo (507).

Interior restringe las ayudas hasta que se reconozca el estatus de refugiado

Hace dos años el Ministerio del Interior decidió cerrar el grifo de las ayudas a los ciudadanos que piden asilo en España y se pusieron restricciones al acceso a algunos beneficios que recogía el programa de acogida hasta la petición no sea resuelta favorablemente y les sea reconocido el estatus de refugiado.

El 1 de enero de 2021, la Secretaría de Estado de Migraciones dictó una instrucción para aliviar el sistema para potenciales refugiados que desde 2019 afronta un aumento vertiginoso de solicitantes que ha provocado el desbordamiento de los servicios administrativos que realizan las gestiones relacionadas con las demandas de protección internacional. El sistema de acogida para solicitantes de asilo dura una media de dos años y se estructura en dos fases, aunque antes se pasa por una etapa previa en la que se evalúa el perfil del demandante.

En la primera etapa, de seis meses, se ofrece alojamiento, manutención, asistencia jurídica y cursos de castellano. En la segunda fase, de hasta 15 meses, los solicitantes pueden optar a prestaciones económicas para salir del recurso de acogida, alquilar un piso e ir prescindiendo del apoyo institucional. Con la reforma de Interior, solo pueden acceder a las ayudas económicas de esta segunda fase quienes hayan sido ya reconocidos como beneficiarios de protección internacional.

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