La Xunta elabora un protocolo para unificar la atención a víctimas de delitos

La Xunta ha diseñado un nuevo protocolo de actuación para la asistencia integral a las víctimas de delitos, con especial atención a las de violencia de género y otras vulnerables, con el que unifica las fases y funciones del personal para la prestación de este servicio con el que se pretende garantizar una total protección en las oficinas de las siete ciudades de Galicia (A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo), situadas dentro de los juzgados.

Estas oficinas prestan una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas como consecuencia del delito para dar respuesta a las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social. Por eso, este protocolo fija los criterios de actuación que coordinan la actividad de los colectivos profesionales que, en el ámbito de la Administración de Justicia, cuentan con competencias en el trato, atención y protección a las víctimas. Además, el protocolo pretende reforzar la coordinación entre las distintas oficinas, órganos judiciales, fiscalías y demás instituciones públicas implicadas en estas actuaciones.

E sistema incluye la intervención psicológica y asistencial en la que los profesionales de la psicología y de trabajo social llevan a cabo una atención individualizada de la víctima con el objetivo de prestarle la atención e información que precisan. De este modo, se prepara a las víctimas para el procedimiento, se realiza la evaluación para solicitar medidas de asistencia y protección durante el proceso, además de acompañarlas y derivarlas a los servicios especializados disponibles según sus necesidades.

El protocolo se aplica a las mujeres víctimas de violencia de género y a los hijos, así como a las personas sujetas a la tutela de estas mujeres; a las personas mayores de edad víctimas del delito; a las víctimas de agresiones sexuales o de trata de seres humanos, o en otros casos de especial vulnerabilidad o gravedad del deleito como los menores víctimas de abuso o maltrato y personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental.

El documento recoge un acompañamiento completo hecho por un equipo psicosocial ubicado en las siete grandes ciudades y con un ámbito de actuación que abarque todo el territorio gallego, lo que permite un control y seguimiento de las víctimas durante el proceso judicial penal y por el tiempo preciso en función de las circunstancias del caso.

La atención comienza con la comparecencia de la víctima ante el personal de la oficina, bien por comparecencia personal directamente en la oficina o por la remisión de la víctima a estas oficinas por parte de los juzgados de guardia, de instrucción o de violencia sobre la mujer y también de la Fiscalía o desde las fuerzas y cuerpos de seguridad.

En cuanto a las funciones en las distintas fases de asistencia, en la primera, de acogida, los funcionarios acogen a la víctima y registran el expediente, correspondiéndoles a los profesionales de psicología o trabajo social a recogida de la información, evaluación inicial y valoración de las medidas iniciales de apoyo. En la siguiente, la de información, intervienen los distintos profesionales poniendo a disposición de la víctima la información correspondiente.

En la tercera fase del proceso, cada profesional trabaja en coordinación con el resto de los operadores jurídicos y asistenciales para garantizar la protección y bienestar de a víctima. Ya en la cuarta, la de seguimiento, se llevará a cabo una evaluación de la ejecución de las medidas de protección adoptadas.

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