Los juzgados plantean señalamientos por las tardes para aliviar el atasco tras la huelga

10.000 vistas suspendidas y 30.000 asuntos sin iniciar en Galicia. Es la carga de trabajo extraordinaria que deja en los juzgados gallegos la huelga de letrados de la Administración de Justicia, que hoy volverán a sus puestos tras sellar ayer el acuerdo con el departamento que dirige Pilar Llop con una subida salarial de hasta 450 euros brutos al mes. Era una de sus principales reivindicaciones como contraprestación a las competencias y responsabilidades adicionales asumidas con las sucesivas reformas procesales. Con estos dos meses de protesta —comenzó el pasado 24 de enero—, se ha agravado el colapso que arrastran los tribunales de todo el país ya que ha provocado las suspensión de 400.000 juicios y vistas, han quedado paradas unas 480.000 demandas y se han mantenido parados en las cuentas de consignaciones hasta 1.500 millones de euros. Ahora, toca estudiar cómo poner al día una Administración ya de por sí congestionada. Una posibilidad, tal y como apuntó ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, es reforzar las tardes con señalamientos, pero para ello hace falta dotación presupuestaria por parte del Ministerio y de los respectivos Ejecutivos autonómicos. Para tratar de aliviar la sobrecarga que generó huelga de los funcionarios de Justicia en Galicia en 2018, que se prolongó durante tres meses, Xunta y Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) pusieron en marcha un plan de refuerzo y apelaron a la “implicación” del Ministerio de Justicia ya que jueces y fiscales no corresponden a la competencia autonómica.

Con el objetivo de analizar el impacto real de la huelga de secretarios judiciales, el Ministerio de Justicia ha constituido un grupo de trabajo con las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado y así poder abordar la vuelta a la normalidad de la actividad en los juzgados. Según explica en un comunicado en el que informa del fin del paro tras alcanzar un acuerdo con el comité de huelga, se ha atendido también la petición de los colegios de abogados y procuradores para realizar una notificación escalonada de las resoluciones que se encontraban paralizadas.

Renuncias

“Tenemos todos una sensación agridulce porque para llegar a este acuerdo ambas artes hemos tenido que renunciar a aspectos importantes, pero creo que era lo que procedía hacer en estos momentos”, reconoció ayer tras la firma Juan José Yáñez, portavoz del comité de huelga y miembro de la Unión Progresista de Letrados, una de las tres asociaciones convocantes del paro.

En un encuentro de casi dos horas con el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, y con la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, el comité de huelga ha revisado y definido “hasta la última coma” del documento final.

Mediante este acuerdo, cuya condición sine qua non es la desconvocatoria inmediata de la huelga, los letrados desisten de la reivindicación de la que han hecho su bandera durante estos más de dos meses de paro, la llamada cláusula de enganche, por la que pedían que su sueldo se viera referenciado al de jueces y fiscales para no cobrar nunca menos del 85% respecto a estos dos operadores jurídicos, informa Efe.

A cambio, se realizará una subida paulatina de entre 430 y 450 euros brutos mensuales, dependiendo de los diferentes niveles y funciones. Este aumento se empezará a percibir cuando se modifiquen los dos reales decretos que regulan las retribuciones de los letrados, cuya publicación en el BOE se prevé para el próximo mes de julio, ha explicado Luis Toribio, también portavoz del comité de huelga y vicepresidente del Colegio Nacional de Letrados.

Entonces, los funcionarios comenzarán a recibir en sus nóminas entre 172 y 180 euros mensuales más, el 40 % de la subida total, que se aplicará con carácter retroactivo desde enero de 2023. En enero de 2024 se les aumentará otro 40 %, y el 20 % restante, a partir de julio de dicho año.

Un nuevo frente para Justicia: el resto de funcionarios se movilizarán para exigir una subida salarial

Un nuevo frente se abre en la Administración de Justicia tras alcanzar un acuerdo con los letrados para poner fin a la huelga. La subida de hasta 450 euros ha permitido poner fin a dos meses de conflicto pero ha puesto en pie de guerra al resto de funcionarios de los juzgados. CSIF y CCOO reclaman que las mejoras retributivas se amplíen al resto de funcionarios en los órganos judiciales y amenazan con movilizaciones, sin descartar una huelga. Para CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, “la actitud del Ministerio supone una falta de respeto a todo el personal de justicia y advierte de que si no reúne de manera inmediata la mesa de negociación convocará movilizaciones junto con el resto de organizaciones sindicales”. La huelga de letrados, advierte la central sindical, ha puesto de manifiesto que la eficiencia de la justicia no pasa por los tribunales de instancia ni el resto de las medidas diseñadas en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa “sino retribuyendo las funciones que realmente realiza el personal de justicia”. Tras conocer el acuerdo de los letrados, CCOO ya planteó iniciar “contundentes movilizaciones”, incluida una huelga, para que los incrementos salariales acordados para los letrados de la Administración de Justicia se extiendan a todos los cuerpos funcionariales. En la misma línea, la CIG rechazó la subida salarial única para los letrados de la Administración de Justicia, al entender que debe extenderse a todo el funcionariado, y advirtió sobre la legalidad del acuerdo con el Gobierno al producirse con las asociaciones y no con los sindicatos. Por su parte, las asociaciones de jueces trasladarán este viernes a Justicia sus reivindicaciones y los fiscales tienen agendada una reunión la próxima semana.

Suscríbete para seguir leyendo