La jubilación del 16% de los jueces en diez años en Galicia amenaza con agravar el atasco judicial

Galicia es una de las comunidades autónomas con la tasa de litigiosidad más baja. Sin embargo, está entre las que arrastra una mayor congestión. Es decir, se pleitea menos, pero los asuntos que llegan al juzgado tardan más en resolverse. Esta sobresaturación de los órganos judiciales no es algo excepcional de la comunidad gallega, sino que afecta a los tribunales de todo el país, una situación que se agravará con la reciente huelga de letrados de la Administración de Justicia y también con la jubilación de jueces y magistrados durante los próximos años. En la próxima década, al menos 55 profesionales de la judicatura colgarán la toga en Galicia, una cifra que supone el 16% de los 340 actualmente en activo, según datos del Informe sobre la estructura de la carrera judicial del CGPJ. Se trata de jueces y magistrados que tienen entre 61 y 70 años. En la actualidad, la media de edad en los órganos judiciales de la comunidad está en los 52 años —49,9 en el caso de las mujeres y 55,2 en el caso de los hombres— y su antigüedad en el cargo en 20,6 (18,3 ellas y 24, ellos).

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La retirada de la judicatura no es algo excepcional de Galicia. Es la tónica general que tendrán que afrontar en los próximos años los tribunales de todo el país, tal y como revela un estudio que acaba de publicar la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). El informe detalla que de aquí al año 2031 se jubilarán, de manera forzosa 1.243 jueces y magistrados en España, el 22,5% del total —actualmente son 5.320—. En 2023, está previsto que cumplan 70 años —edad de jubilación para la carrera judicial— un total de 60, pero a lo largo del decenio esa cifra irá incrementándose sin tregua hasta llegar a los 222 que dejarán la toga en 2031.

Sin embargo este balance, según detalla el autor del informe, el magistrado Sergio Oliva, no es el alcance real, ya que a esta cifra de jubilaciones forzosas hay que añadir la de quienes dejarán el cargo de forma anticipada. Se trata de un volumen que no puede saberse a priori, pero que puede extrapolarse a la vista de las que se han producido en los últimos años. Esas jubilaciones, según el informe de la AJFV se mueven en torno al 40% del total. Por tanto, hasta el año 2031 se jubilarán un total de 1.773 magistrados en el conjunto del país, lo que supone un 32% de la carrera judicial española.

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La edad media del sector de la judicatura en España se sitúa en 52,3 años —50,4 en el caso de las mujeres y 54,7 en los varones—. De las 17 comunidades autónomas, las que presentan unos juzgados más envejecidos y, en consecuencia, más amenazados por las jubilaciones son los de Madrid, que en la próxima década verán cómo el 31% de sus jueces y magistrados cuelgan la toga de manera forzosa, y los de Aragón (30,2%). El resto están por debajo de la tasa el 30%. En el extremo opuesto de la tabla se colocan Castilla-La Mancha (8,15%), Extremadura (119%), y Canarias (13,1%). Y en el cuarto puesto, Galicia (16%). Las plantillas más jóvenes de jueces y magistrados se encuentran en Castilla-La Mancha, con una edad media de 49 años, seguida de Canarias (49,3), Extremadura (49,5) y Cataluña (49,6). Por el contrario, Madrid agrupa el sector más envejecido (55,8 años de media), junto con Aragón (54,9) y Asturias (53,3).

De los 340 jueces en activo en Galicia, la mayoría están en el grupo de edad de 41 a 50 años (un total de 125, casi un 37% del total), seguidos de los que tienen entre 51 y 60 años (115, cerca del 34%). Los que se jubilarán en la próxima década, de 61 a 70 años, son 55 (16%). De 31 a 40 son 33; siete de 25 a 30 y cinco que ya superan los 70 años.

“Esta reducción de jueces, que coincide con un incremento constante de la litigiosidad, afectará al justiciable, que verá cómo se alargan los plazos para resolver los asuntos, pero preocupa sobre todo el efecto que esto tendrá en la salud de los magistrados, que tendrán una mayor carga de trabajo”, advierte Oliva.

Anualmente, se crean en España unas 120 plazas de jueces. Eso quiere decir que, en un decenio, podrían crearse unas 1.200, pero mientras tanto van a salir unos 1.770 magistrados, lo que genera un déficit de 570. Con estas cifras, añade el autor del estudio, es imposible converger con Europa, donde hay más jueces por habitante que en España (17,60 por cada 100.000 habitantes frente a 11,24).

“En España, las plazas de juez están vinculadas a la creación de juzgados, de forma que es inviable incrementar los magistrados por el alto coste económico que supone poner en funcionamiento un nuevo órgano. Estábamos muy esperanzados cuando se dijo que iban a instaurarse los tribunales de instancia, porque rompían el esquema juez-juzgado, pero no se ha avanzado”, concluye.

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