Facenda aparca ‘sine die’ la medición de carga de trabajo de cada área de la Xunta
El Ejecutivo gallego pretende facilitar la reorganización del personal. Condiciona la medida, aplazada ya en dos ocaciones, a la aprobación de la Ley de Función Pública

Una trabajadora en la sede central de la Xunta. | // XOÁN ÁLVAREZ / Daniel Domínguez
Daniel Domínguez
Hace seis años, la Xunta inició los trabajos para medir la carga de trabajo de 16.000 de sus empleados, pero aparcó el proceso. Hace dos, retomó la idea fijando 2022 como fecha para contar con esa radiografía que permitiría reorganizar a sus empleados, potenciando áreas sobrecargadas y restando recursos humanos a las que menos saturación sufrían, pero tampoco cumplirá un cronograma que ya no cuenta con fechas marcadas. La Consellería de Facenda aplaza la puesta en marcha de esta medida hasta que se apruebe el decreto de carrera administrativa, pendiente de negociación sindical, y de la Ley de Función Pública estatal, cuyo anteproyecto acaba de aprobar el Gobierno central.
El plan autonómico de Xestión e Mellora da Calidade dos Servizos do Sector Público Autonómico de Galicia 2021-2023 retomó una idea surgida en 2017, año en que encargó un estudio a una empresa. Pero no llegó a aplicarse. El citado documentado detalla en qué consistiría esa decisión, aplicada al cuerpo de administración general, que supone unos 16.000 de sus 92.000 empleados totales.
“Se impulsará la implantación de un sistema de registro de actividad en toda la administración general de la Xunta con el fin de conocer la actividad de las distintas unidades administrativas y, de esta forma, alcanzar un correcto dimensionamiento de su cuadro de personal. Este sistema permitirá analizar las cargas de trabajo y facilitará la planificación de los recursos humanos de manera más adecuada para poder garantizar la calidad en la prestación de servicios públicos”, rezan los objetivos de la Xunta.
Pero, de momento, Facenda, de la que depende el control de Función Pública, se limita a reconocer que no se ha puesto en marcha y que “es un tema en el que se está trabajando”. “Su implantación es una decisión vinculada a la evaluación del desempleo que, a su vez, está directamente relacionada con el decreto de Carrera Administrativa, pendiente de negociación sindical, y también con el proyecto de Ley de Función Pública, aprobado la semana pasada por el Gobierno central”, zanja el departamento dirigido por Miguel Corgos.
El plan de mejora de los servicios públicos también contemplaba una medida para adaptarse al teletrabajo, que impulsó en 2021 tras la obligación de fomentar esta práctica el año anterior debido al estallido de la pandemia de COVID-19. Facenda preveía implantar un sistema para “monitorizar” las tareas que realizaban sus empleados —alrededor de 2.000 trabajadores públicos optan por esta modalidad varios días a la semana— desde sus casas.
Teletrabajo
Sin embargo, finalmente optó por un modelo algo diferente, como el control periódico de las tareas realizadas al personal que solicite la modalidad de teletrabajo. “En la actualidad, para conceder una resolución de teletrabajo es necesario que el trabajador elabore y firme un plan individual de trabajo”, aclaran fuentes de Facenda, que añaden que “la actividad declarada en el mismo es supervisada (semanal o mensualmente) por la jefatura de la que depende la persona trabajadora”.
En la actualidad, gran parte de los trabajadores emplean una tarjeta identificativa para conectarse al sistema Kronos, por lo que sus operaciones quedan registradas. No sucede así en otros servicios, que se conectan a la red sin que se monitoricen las tareas que realizan, aunque la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) protege la red para evitar ataques informáticos o brechas de seguridad.
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