Los municipios proponen 200 euros de multa por circular por zonas de bajas emisiones

Las ciudades gallegas van con retraso en la implantación de zonas de bajas emisiones (ZBE), pues la Ley de Cambio Climático marcaba 2023 como horizonte. Se trata de áreas donde se deberá reducir la polución provocada por el tráfico con restricciones a la circulación y estacionamiento de los vehículos más contaminantes. Es una medida obligatoria para los municipios de más de 50.000 habitantes y para los de más de 20.000 si superan los valores límites de emisiones. Para ayudar a su implementación la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP) ha propuesto una ordenanza tipo para regular estas ZBE, en la que fija multas de 200 euros a los conductores que incumplan las limitaciones establecidas y circulen o aparquen en estas áreas sin permiso.

Esta ordenanza pretende servir de referencia para los concellos que activen zonas de bajas emisiones y así podrán copiarla entera o en parte para adaptarla a las peculiaridades de cada municipio. La sanción de 200 euros se aplicará sobre aquellos vehículos que no tengan autorización para circular o estacionar en las zonas de bajas emisiones. Si el conductor es reincidente —es decir, cuando ha cometido en el plazo de un año más de una infracción de la misma naturaleza— la multa se podrá elevar un 30 por ciento hasta los 260 euros.

Según la norma propuesta por la FEMP, podrán acceder a las zonas de bajas emisiones aquellos vehículos que cuenten con el distintivo ambiental que los acredite como menos contaminantes. Pero los ayuntamientos podrán dar autorizaciones limitadas de acceso, circulación y estacionamiento a otros coches, aunque no cuenten con la etiqueta de bajas emisiones. Estos permisos se concederán, por ejemplo, para las personas residentes en estas ZBE o para los que necesiten entrar para acceder a su plaza de garaje. También se podrán beneficiar de un salvoconducto especial los automóviles de personas con movilidad reducida o los vehículos que presten servicios públicos como fuerzas de seguridad o ambulancias. Estas autorizaciones podrán ser por un periodo de tiempo continuo o discontinuo, por meses, días y horas y siempre serán temporales, hasta una determinada fecha, aunque después podrán renovarse.

¿Y cómo se controlará el cumplimiento de estas restricciones en las zonas de bajas emisiones? La entidad municipalista propone vigilar los accesos mediante un sistema automático y una plataforma tecnológica. La DGT ha trabajado ya en un sistema estándar para que las cámaras de control de acceso puedan utilizarse para procesar infracciones. Estas cámaras detectarán al vehículo infractor, sin necesidad, según recoge la ordenanza municipal, de captar la imagen de los ocupantes. Y a esta medida se sumarán las labores de control, vigilancia y sanción de la policía local.

Las zonas de bajas emisiones deberán estar señalizadas en los puntos de acceso y finalización de dichas áreas. Estos carteles deberán indicar a qué meses, días y horas afectan las restricciones y qué tipo de vehículos tienen prohibido circular y estacionar.

La ordenanza impulsada por la FEMP regula la carga y descarga en zonas de bajas emisiones. Los municipios podrán establecer áreas reservadas para el estacionamiento de los camiones y furgonetas de reparto de mercancías. Pero habrá un control sobre esta actividad mediante la utilización de un tique electrónico o la habilitación de apps, que permitan conocer el tiempo de uso de cada reserva y controlar el cumplimiento de los tiempos máximos de estacionamiento en zonas limitadas. En todo caso, tendrán prioridad de circulación y aparcamiento los vehículos menos contaminantes.

El retraso de las ciudades gallegas en implantar estas zonas de bajas emisiones está, en parte, en su complejidad. Primero deberán elaborar un proyecto técnico en el que incluyan el área, con la estimación de la superficie, la contaminación y la población expuesta. Estos proyectos deberán ser revisados al menos a los tres años de su establecimiento y después cada cuatro años.

Tarifas de estacionamiento más caras para los vehículos más contaminantes y los no residentes

Las zonas de bajas emisiones no solo supondrán restricciones al tráfico sino también al estacionamiento. La ordenanza tipo que propone la FEMP plantea que se establezcan zonas de estacionamiento para los residentes y otras áreas para los vehículos de no residentes pero que tengan autorización para circular por las ZBE. Y se definirá un tiempo máximo de permanencia que será diferente según sea para personas que vivan o no en esta área. El ayuntamiento, en su regulación tarifaria, podrá modular el precio por hora del estacionamiento en función del distintivo ambiental del coche, aplicando un menor coste para los vehículos de cero emisiones. También se podrán aplicar tarifas diferentes para residentes y no residentes. ¿Y qué pasa con los vecinos que residen en una zona declarada de bajas emisiones pero tienen un coche viejo que no cumple con las exigencias medioambientales? Podrán acceder en vehículo hasta su casa pero deberán pedir un permiso especial al ayuntamiento. Y además solo podrán estacionar en el área concreta que corresponda a su residencia, no pudiendo aparcar en las restantes zonas de estacionamiento incluidas en la ZBE. La FEMP propone que los aparcamiento subterráneos de titularidad pública incluyan espacios que puedan actuar como plataformas de distribución de mercancías de última milla para lo que deberán dotarse de recarga eléctrica de vehículos.

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