La demanda de ayudas al alquiler de la Xunta duplica ya a los beneficiarios previstos

Con los precios de los alquileres por las nubes, las ayudas públicas para costear parte de la renta mensual de la vivienda están cada vez más codiciadas. Tras cerrarse el plazo para pedir las subvenciones de la Xunta —y a falta aún de contabilizarse las últimas solicitudes— suman ya más de 8.500 las peticiones que han llegado al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) desde el pasado mes de enero para beneficiarse de un apoyo económico que permitirá a familias con bajos ingresos cubrir el 50 por ciento del pago de su arrendamiento. El Gobierno gallego destinará 13,7 millones a estas ayudas con las que preveía llegar a 4.000 hogares. Es decir, la demanda duplica ya a los potenciales perceptores de estas subvenciones. De momento, se han aprobado 730 prestaciones por un importe total de 1,5 millones.

Estas ayudas forman parte del nuevo Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 que cofinancian Xunta y Gobierno central y que gestiona la comunidad autónoma. El convenio se firmó el verano pasado y esta es la primera convocatoria que se realiza al amparo del nuevo plan.

Sin embargo, hay novedades respecto a anteriores planes de vivienda: se amplía de tres a cinco años el periodo durante el cual los beneficiarios podrán percibir la subvención y se incrementa un 50 por ciento la cuantía máxima que con carácter general llegará a los 300 euros.

Estas subvenciones están dirigidas a personas cuya renta no supere 3 veces el Iprem (24.318,84 euros anuales), límite que se incrementa hasta 4 o 5 veces en el caso de familias numerosas o con personas con discapacidad. También deberán acreditar unos ingresos mínimos de 0,5 veces el Iprem (4.035 euros al año).

Los adjudicatarios de las subvenciones tendrán derecho a una subvención equivalente al 50% de la renta mensual que figure en sus contratos siempre y cuando el arrendamiento no supere las cuantías máximas establecidas que dependerán del área geográfica donde se ubique la vivienda.

Así, en el caso de las siete ciudades el importe del arrendamiento no podrá superar los 600 euros mensuales. En las villas, ayuntamientos de tamaño medio y periurbanos el tope serán 500 euros y en el resto de municipios la renta será como mucho de 400 euros.

La subvención, del 50% oscilará, por lo tanto, entre los 200 euros en los concellos más pequeños a los 300 euros en las urbes.

En cualquier caso, el Gobierno gallego podrá ampliar la ayuda en un 20 por ciento en determinados supuestos en casos de familias numerosas o en hogares con alguno de sus miembros que necesite una vivienda adaptada. El objetivo de la Xunta es llegar a 4.000 familias con bajos ingresos, aunque advierte que podrían ser más.

La convocatoria se abrió el 2 de enero y estuvo abierta hasta el 5 de mayo, aunque todavía no se han contabilizado las solicitudes llegadas la última semana. La demanda, de momento, asciende a más de 8.500 solicitantes.

Pero no son las únicas ayudas al alquiler donde hay avalancha de solicitudes. Más de 14.400 gallegos solicitaron el pasado año el bono alquiler joven que concede el Gobierno y que también gestiona la Xunta. Finalmente se concedieron 4.094 ayudas, pero no todas se han abonado ya. A principios de mayo se les había pagado esta subvención a 3.300 jóvenes. El resto, según la Xunta, están pendientes de presentar la documentación requerida o justificar el pago del alquiler.

Una guía para proteger a los propietarios de inmuebles de ocupaciones ilegales

La Xunta busca dar mayor protección a los propietarios de inmuebles frente a ocupaciones ilegales. El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y el Consello da Avogacía Galega firmaron ayer un convenio de colaboración para elaborar una guía informativa sobre los derechos y deberes de las personas propietarias o usufructuarias de viviendas “ocupadas ilegalmente”. La guía estará disponible en el plazo de un mes y en ella se explicarán de forma sencilla los trámites administrativos y jurídicos que deben seguir aquellas personas afectadas por la ocupación de un inmueble. En la firma participó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez El objetivo que busca la Xunta, según explicó, “es dar garantías a los propietarios ante las incertidumbres que genera la nueva Ley de vivienda del Gobierno central” y que Galicia todavía no sabe si recurrirá. Además de la nueva guía, la Xunta y el Consello da Avogacía Galega mantendrán el servicio de asesoramiento telefónico y gratuito en materia de vivienda para los afectados por un desahucio, una ejecución hipotecaria o la ocupación de un inmueble.

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