La Xunta denuncia la “parálisis” de proyectos provocada por la Ley de Vivienda

La oposición censura la “muy escasa” oferta de pisos oficiales lanzada por el PP

REDACCIÓN

La Xunta va a pedir al Gobierno central una comisión bilateral en relación con la nueva ley de vivienda antes de “determinar” si recurre su “inconstitucionalidad”, según avanzó ayer la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez.

En su intervención en el pleno del Parlamento gallego, advirtió de que con esta ley, que entró en vigor el viernes, “lo que ya está habiendo es una parálisis de ciertos proyectos que se iban a llevar a cabo” por falta de “seguridad jurídica”.

Tras comenzar con un saludo a los compañeros parlamentarios que se incorporan a los consistorios tras las elecciones municipales —en un pleno que ha comenzado con 10 minutos de retraso por los saludos entre diputados—, Vázquez adelantó que se estudia abrir un proceso de diálogo con el Gobierno y espera que “alguien se siente” con la Xunta en relación con una norma que “invade competencias autonómicas”. Cargó contra una ley que “genera confusión normativa e inseguridad, ataca directamente el derecho a la propiedad, prima a ocupas frente a propietarios, apuesta por un modelo intervencionista que Galicia no comparte” y, según dice, da lugar a “efectos nocivos que van a perjudicar tanto a inquilinos como propietarios”. No obstante, ha reconocido que la ley “hay que cumplirla”. “Independientemente de que me gustaría que se pusieran a mi lado”, dijo a la oposición, en la necesidad de una comisión bilateral.

Por su parte, Alexandra Fernández (BNG) recriminó al Ejecutivo autonómico que “mandaron parar la maquinar pública de vivienda protegida” del bipartito con la llegada de los populares a la Xunta en 2009, con cifras que fueron de solo “dos” construidas en 2018. Recordó además que con el bipartito se impulsaban entre 2.000 y 4.000 viviendas protegidas al año.

En esta línea, Eduardo Ojea (PSdeG) criticó las “cifras muy escasas” de construcción de vivienda pública por parte del PP, de modo que exige que la Xunta cumpla con la nueva norma para limitar los precios del alquiler.