Baltar se libra del juicio por conducir a 215 km/h debido a la huelga de funcionarios

“Salvado por la campana”, se podría decir. José Manuel Baltar Blanco, presidente de la Diputación de Ourense y del PP de la misma provincia, se libró ayer de declarar delante de la jueza del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Zamora por ser multado cuando conducía su vehículo a 215 km/h en el término municipal zamorano de Asturianos el 23 de abril. La vista oral que debía celebrarse ayer a las 09.30 horas en el mencionado juzgado contra el político pillado en Zamora al volante del coche oficial de la Diputación en un domingo fue cancelado por la huelga de funcionarios.

El barón popular se enfrenta a una multa de 1.800 euros y a la retirada del carné durante año y medio. La magistrada, que cerraba ayer su ciclo como titular de este juzgado con este juicio y otro de violencia de género, tendrá que buscar otra fecha, o dejar la tarea para su sustituto.

El abogado del procesado, Juan Ramón Montero, basará su defensa en discutir si el cinemómetro (con láser infrarrojo) que mide la velocidad a la que circulan los vehículos por ese tramo de la autovía estaba bien ajustado o si el margen de error estaría en los 15 kilómetros que convierten la infracción administrativa en un delito (en vez de un 5% sería un 7%), ya que no superaría en 80 kilómetros por hora el margen estipulado para que se dé la infracción penal.

La defensa incluye el argumento de que todo fue causado por “un despiste en una recta larga”, aunque hace unos días trascendió que esa misma jornada fue multado por circular a 173 kilómetros por hora en una vía limitada a 120 a la altura de Allariz. Circuló de forma ilegal por la A-52 durante varias horas, por tanto.

La Fiscalía de Zamora le solicitaba una pena de seis meses de multa a razón de tres euros al día, pero el presidente de la Diputación de Ourense no se conformó con la pena solicitada en una sesión rápida celebrada hace un par de semanas de forma telemática y, además, su defensa presentó dos recursos para pedir el archivo de las actuaciones judiciales, al entender que con el pago de la infracción administrativa (300 euros en pronto pago) ya se habría ejecutado la sanción a imponer.

De esa forma, el juicio rápido se convirtió en un procedimiento ordinario, lo que aplazó la posible condena más allá de las elecciones municipales del pasado domingo.

Sin fecha

Fuentes judiciales señalan que no es posible determinar cuándo se producirá la declaración del político ourensano ante la jueza del Juzgado de lo Penal número 1 de Zamora, porque no hay fecha de fin de la huelga indefinida, que empezó el pasado lunes 22 de mayo.

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