El Sergas aprieta a los morosos y reduce la deuda de terceros casi un 50% en dos años

La sanidad pública es gratuita... en parte. La atención a víctimas de accidentes de trabajo o de circulación o a extranjeros de países con los que España no mantiene un convenio de reciprocidad obliga a los pacientes a pagar por su atención, a razón de unas tarifas de 256,87 euros por cuidados en urgencias, 1.030 por el uso de un quirófano y entre 7.992 y 8.049 euros por lesionado evacuado en helicóptero. Este mecanismo permite combatir también cierto turismo sanitario.

La sanidad gallega factura anualmente alrededor de 52,6 millones por la atención a terceros, pero parte de esa cantidad no es pagada, por lo que engorda la deuda con el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Este ha apremiado durante los dos últimos años a los morosos (particulares, mutuas laborales y compañías aseguradoras) para reducir casi a la mitad los 21 millones de euros que estos terceros adeudaban a la administración. El año pasado, cerró balance con esa cifra situada en poco más de 12 millones, según la información de ejecución presupuestaria elaborada por la Consellería de Facenda.

Cuando se produce un accidente laboral, de tráfico o deportivo durante una competición, el paciente es atendido, pero se contabiliza el coste de sus cuidados. El Sergas, de hecho, trata de identificar a su aseguradora, mutua o federación, pero si no lo logra, la obligación de asumir la factura recae sobre el enfermo, como atestigua una publicación en el Diario Oficial de Galicia del pasado 25 de noviembre en la que urge a 16 personas a identificar a esas compañías para “poder facturar” el gasto de su atención sanitaria. En caso contrario, ellos pagarían.

Esta opción fue incluida por la Xunta en 2012, en el punto álgido de la crisis financiera, cuando reforzó su lucha contra los impagos y estableció la posibilidad de cobrar al paciente si este no identificaba a su aseguradora. Además, en 2011 el Ejecutivo gallego añadió otro cambio para facultar a Sanidade el cobro por la atención a un particular si esta derivaba de un “uso irresponsable” del servicio público, punto similar al aplicado en el caso de rescates si se produce una imprudencia manifiesta.

El año pasado, la sanidad gallega facturó 52,6 millones a terceros, incluyendo el montante pendiente del año anterior. De esa cifra, 25,9 correspondieron a particulares; 10,6 a accidentes de tráfico; 13,6 a siniestros laborales; 1,5 al convenio con Muface y 0,8 al convenio con Isfas, según la documentación económica de la Xunta.

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De esa cifra, Sanidade logró recaudar 40,4, por lo que la deuda quedó fijada en 12,4 millones, recuperando las cifras prepandemia de 2019. El año siguiente, cuando la pandemia de COVID-19 generó un tsunami económico y social, la cifra se disparó a 21 millones, cantidad que descendió a 16 en 2021 y a 12,2 el pasado ejercicio.

La mitad de esa deuda afecta a particulares, con 6,1 millones, seguidos de las mutuas laborales con casi 3,2 millones y aseguradoras de vehículos por siniestros viarios, con 2,8.

El coste de la atención sanitaria a terceros está regulada y no ha sufrido incrementos desde la actualización de 2014. La atención en urgencias cuesta 256,87 euros; la estancia hospitalaria, 528,95 por día; el uso del quirófano para una intervención, 1030; la estancia en UVI, UCI o unidades asimiladas (unidades de atención especializada, servicio de reanimación, unidad de quemados, lesionados medulares o cualquier otra que tenga establecida el centro hospitalario), 1.142; y una intervención de fractura nasal, 744, por ejemplo.

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