El Gobierno estudia recurrir la ley gallega del litoral porque crea “inseguridad jurídica”

Asegura que genera “un problema donde no lo había” y que no se ha rechazado ninguna renovación de las concesiones en la costa | “El resto es ruido”, censura Pedro Blanco

Franja litoral del casco urbano de Bueu. |   // GONZALO NÚÑEZ

Franja litoral del casco urbano de Bueu. | // GONZALO NÚÑEZ / X. A. Taboada

X. A. Taboada

Un día después de aprobarse en el Parlamento la ley que atribuye a Galicia las competencias para gestionar el litoral, que ahora están en manos del Estado, el Gobierno central ha salido al paso para anunciar que se pondrá a examinarla “a fondo”, cuando se publique oficialmente, con el objeto de “tomar las medidas oportunas”, con la vista puesta en un recurso de inconstitucionalidad. El Ejecutivo considera que con esta norma, que fue aprobada con los votos a favor del PP y la abstención del BNG y del PSOE, “solo crea un problema donde no lo había” y que además causa “inseguridad jurídica” al sector mar-industria.

Así lo avanzó ayer el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en lo que constituye la primera valoración de la Administración del Estado tras culminar la ley su trámite en el Parlamento autonómico. El alto cargo lamentó que el PP aprobase de forma unilateral el texto “sin consenso y sin diálogo” y además poniendo por delante los intereses partidistas frente a los de la población.

Por ello, sostuvo que el Gobierno estudiará a fondo el texto para adoptar las medidas oportunas, que en casos de conflictos sobre competencias suelen acabar en el Tribunal Constitucional. Pedro Blanco destaca que con la ley estatal ya hay plena seguridad jurídica y que un ejemplo de ello es que, hasta ahora, todas las resoluciones de concesión de prórrogas en la costa de Galicia fueron positivas. “Este es el dato real. Ni una resolución negativa en la costa. El resto es ruido”, censuró el delegado del Gobierno ante las críticas de la Xunta que el Estado aplica un criterio restrictivo sobre los usos en el litoral que pone en riesgo la continuidad de la actividad tradicional y la industrial.

Añadió que ya en varias ocasiones la Xunta trató de confrontar con el Gobierno en cuestiones relacionadas con las competencias de Costas, con resoluciones judiciales negativas, y lamentó que “sigan utilizando este tema para generar confusión”.

Uno de los aspectos cruciales de la ley del litoral, quizás el más importante por su impacto y alcance político, es el que atribuye a la Xunta las competencias para otorgar las autorizaciones y concesiones de todas las instalaciones y actividades ubicadas en el dominio público marítimo terrestre (DPMT), que es la zona de primera línea de mar en la que está asentada preferentemente la cadena mar-industria, además de otras actividades. Sin embargo, esta función, regulada en el artículo 47.1, no entrará en vigor con el resto de la ley.

El ejercicio de esta competencia seguirá en manos del Estado, como hasta ahora, hasta que el Gobierno central acepte transferirla a la comunidad, junto con los medios económicos y el personal. Para ello, la Xunta solicitará abrir una negociación en la Comisión Mixta de Transferencias al objeto de reclamar el traspaso del todo el servicio, que deberá acabar en acuerdo y con la aprobación de un real decreto.

“Es por eso que la propia norma parte de que, para que Galicia pueda otorgar concesiones en el DPMT, el Estado debe cumplir con su obligación de trasladar los medios y los expedientes que tiene encima de la mesa, permitiendo así, aplicar la ley en toda su totalidad. De esta forma, se daría cumplimiento a la relación leal entre administraciones públicas”, indica la Consellería de Medio Ambiente, para la que este paso tendría que darse en un corto periodo de tiempo dado que se trata de un “simple trámite administrativo”.

Pero esto sería la hoja de ruta solo en el caso de que Moncloa admita la validez de la ley gallega, no le ponga pega alguna y no la recurra ante el Tribunal Constitucional, que si lo hace además bajo la firma del presidente del Gobierno, dejaría en suspenso de forma automática toda la norma hasta que se produzca una sentencia.

La Xunta sostiene que salvo ese artículo, el resto de la ley entrará en vigor en breve, permitiendo ya a Galicia —si es que que no se presenta recurso de inconstitucionalidad— acciones como autorizar la ampliación o mejora de una instalación de la cadena mar-industria, el cambio a uso turístico de una vivienda residencial —algo prohibido actualmente por la legislación estatal— o conceder concesiones en terrenos portuarios para establecimientos de la cadena mar-industria.

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