Se sienten víctimas de segunda, sometidas al olvido y la indiferencia por parte de algunas administraciones y de la sociedad y ninguneadas por la Justicia. Al dolor que supone la muerte de un padre, una madre o un hijo en un accidente de tráfico, se suma la falta de un plan de atención integral a las víctimas de toda violencia, así como penas y sentencias que garanticen que los homicidas en carretera respondan por el delito cometido. Desde hace años, las víctimas de tráfico reclaman a los jueces a dictar sentencias ejemplarizantes y a no ser la laxos con las muertes en carretera. “Si aplicasen la ley con rigor, habría muchos más delincuentes viarios en prisión”, urge de manera insistente la delegada de Stop Accidentes en Galicia, Jeanne Picard.
Educación, sanción y control. Han sido los ejes que durante los últimos años han logrado reducir las cifras de accidentalidad en carretera. Pero las víctimas lamentan que todavía no se ha conseguido crear una cultura de seguridad vial, por lo que apelan a los partidos políticos a “máxima implicación institucional y consenso político”. Para Stop Accidentes tres son los ejes en los que se debe trabajar en la próxima legislatura: prestar atención integral a todas las violencias, justicia preventiva y restaurativa y pacto de Estado para la educación. En la lista de peticiones que plantean al nuevo Gobierno que salga del 23-J, destaca la creación de juzgados especializados en delitos viales, tal y como acontece con las víctimas de violencia de género. Prioritario resulta también para el colectivo la modificación del Código Penal para los homicidios “imprudentes” ya que la práctica totalidad, salvo que cuenten con antecedentes, no acarrean el ingreso en prisión. “No a la involuntariedad de manera generalizada. Modificación del artículo 142.1 y 2, artículo 379.1 y 2 concordantes. Tasado por ley los 0 nanogramos en drogas y modificación de la Ley de Enjuiciamiento criminal”, urgen desde Stop Accidentes.
También ponen el foco en la necesidad de acortar plazos para obtener las autopsias, informes toxicológicos y mejorar las periciales extrajudiciales. Sobre la ley del menor, advierten de que también debería ser modificada ya que para los casos de delitos de tráfico cometidos por mejores en los que se ha causado la muerte de alguna persona o ha resultado herida, en la actualidad no conllevaba aparejado el ingreso en ningún centro de internamiento en régimen cerrado.
En el caso de los reincidentes, un colectivo de riesgo que en el caso de Galicia abunda en los positivos por alcoholemia, las víctimas de tráfico urgen un endurecimiento de la ley, así como la necesidad de incidir en la reeducación. Y precisamente sobre el consumo del alcohol al volante, Stop Accidente defiende la instalación de los alcoholímetro antiarranque (alcoholock) obligatorios para el infractor reincidente con positivos en alcohol.
Con el objetivo de que jueces y fiscales conozcan la realidad del día a día una vez ocurre un accidente de tráfico, proponen la participación de las asociaciones de víctimas en la formación de la judicatura.
Por otra parte, abogan por la creación de una Secretaría de Estado y/u organismo rector que atienda a todas las víctimas de hechos violentos, con la habilitación de un número de teléfono único para todas las víctimas. Así —aseguran— se lograría evitar una segunda victimimización. Para ello piden que se “escuche, ayude y oriente” a las víctimas y a sus familiares, se ofrezca apoyo psicológico y se derive hacia las diferentes ayudas sociales haciendo un seguimiento y se coordine con las asociaciones que ofrecen un espacio solidario cercano debido a sus vivencias y experiencias semejantes.
Alcohol
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