La Xunta defiende la legalidad de la sociedad mixta de renovables ante las dudas del PSOE

El PSOE expresó ayer en el Parlamento sus dudas sobre la legalidad de la sociedad de capital público y privado impulsada por la Xunta para participar directamente en la promoción de proyectos de explotación de recursos naturales y revertir en el territorio sus beneficios. La diputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo llegó a decir que la tramitación para su creación “fue un poco irregular” y requirió a la Xunta que le aporte toda la documentación al respecto bajo amenaza de acudir a los juzgados para reclamar la información.

La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, fue la encargada de dar las explicaciones, asegurando que se trata de una empresa privada que se rige por el derecho mercantil y que la Xunta participa en su accionariado con un 30% del capital.

La utility se constituyó en el Registro Mercantil el 27 de septiembre de la mano de Impulsa Galicia, la otra sociedad mixta capitaneada por el Administración Autonómica para catapultar las grandes iniciativas industriales que optan a los fondos Next Generation. Su objeto social es “poner en valor los recursos naturales” de la comunidad “promoviendo la canalización de ese valor hacia el tejido socioeconómico”, y “en especial, de las comunidades locales”.

Se hizo un desembolso inicial de 15.000 euros, aunque el capital suscrito ascendía a 60.000, pero la Xunta hará una primera inyección de calado de la caja pública a la compañía: 4,5 millones de euros de los 15 millones en total de esta primera ronda de aportaciones. La administración regional controla, como estaba previsto, el 30% de las acciones. El cronograma de Recursos de Galicia establece próximas ampliaciones de periodicidad anual hasta alcanzar los 100 millones en 2027, de los que 30 correrán a cargo de la Xunta.

La diputada socialista denuncio el “oscurantismo” empleado en todo el proceso de constitución de la empresa, “de la que no se sabe si es pública o privada”, y expuso que dudaba de su legalidad porque no existe ley alguna que la ampare. González Rumbo también pidió aclaraciones sobre la elección del director general para una empresa “que a día de hoy no tiene objeto ni finalidad al no estar aprobada la ley que la ampara”.

Lorenzana replicó que es una empresa totalmente privada en la que participa la Xunta, cosa que puede hacer, dijo, para cumplir finalidades concretas de la política económica, que en este caso es poder bajar el precio de la energía.