Los pequeños propietarios que “regularizan” su gestión del monte suben un 38% en un año

Desde 2020 están obligados a sumarse a un instrumento de explotación para talar y vender madera legalmente

Tala de árboles en Catoira.

Tala de árboles en Catoira. / M. Méndez

Xosé A. Taboada

La regularización de la actividad forestal en los montes gallegos por parte de los pequeños propietarios coge por fin velocidad de crucero. Fue en diciembre de 2020 cuando oficialmente venció el plazo para que los dueños con propiedades inferiores a las 15 hectáreas se apuntasen a cualquiera de los instrumentos de ordenación disponibles para poder realizar talas y vender madera, pero también para recibir subvenciones o aprovecharse de bonificaciones fiscales. Esta exigencia apenas se cumplió al principio, pero ahora sí que hay interés, como lo demuestra el hecho de que, según la Consellería de Medio Rural, en el último año, entre los meses de mayo, aumentara un 38% el número de propietarios que ya cuentan con algún tipo de herramienta de gestión forestal que les permite vender “legalmente” la madera que talan. En mayo de 2023 eran unos 92.000 propietarios, pero ahora ya ascienden a 127.500.

Existen varios instrumentos para ordenar los montes. Para los propietarios de más de 15 hectáreas, entre los que se encuentran las comunidades de montes, el trámite es un poco más complejo, pues tienen que elaborar una detallada planificación adaptada a las características de cada terreno, por lo que el plazo para hacerlo termina en cuatro años.

Pero para los particulares de montes con superficies inferiores a las 15 hectáreas, el procedimiento es muy sencillo y la Xunta, además, se lo pone más fácil. Solo tienen que adherirse a alguno de los modelos silvícolas que tiene la Administración autonómica o firmar un compromiso de buenas prácticas en el que se responsabilizan a realizar los tratamientos silvícolas adecuados, como las cortas o las podas conforme a unas reglas o respetar una determinada densidad de masa forestal.

Pero este trámite, en todo caso, resulta ineludible para poder ejecutar cualquier aprovechamiento comercial dentro de la legalidad. Sin este documento, la Lei de Montes prohíbe desde 2020 que puedan talar árboles y vender su madera.

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