Las rías de Galicia soportan más de 1.900 vertidos en un año, más del 10% contaminantes

La mayor actividad industrial, el aumento de la población en determinadas áreas, la falta de depuración de los residuos urbanos o la filtración de fertilizantes y otros productos químicos son los principales motivos que acaban tiñendo de espumas, aceites, disolventes, aguas fecales e incluso de restos de animales los fondos de las rías. A través de las tuberías de muchas empresas, explotaciones agropecuarias y los sumideros de algunos hogares llegan cada año cientos de vertidos a las aguas de la comunidad, uno de los grandes atractivos turísticos y una de las principales fuentes de ingresos de una Galicia que presume de ser el país de los mil ríos y de los casi 1.500 kilómetros de costa.

Los puntos de vertido detectados en las 18 rías gallegas han ido a más en los últimos años: 2023 se cerró por encima de los 1.900, un balance récord en las estadísticas de la Aguas de Galicia. Detrás de esta tendencia al alza hay, fundamentalmente, dos factores: el endurecimiento de las medidas de control por parte de la Xunta y una mayor actividad industrial. No obstante, esa mayor presión que ejerce la Administración autonómica desde hace ya más de una década, con la puesta en marcha de una red que permite controlar la calidad del agua en tiempo real, con análisis más frecuentes y mecanismos de detección mas ágiles así como las alertas en caso de que haya alguna incidencia que altere el estado natural de las aguas, ha derivado en una contención de los vertidos contaminantes. Al cierre de 2023, las rías gallegas soportaban un total de 214 focos tóxicos, aquellos que superaban los límites de carga fijados por ley, lo que supone el 11% del total de los vertidos detectados por Aguas de Galicia. Son ocho puntos menos que lo que representaban hace cinco años; en 2018 hubo 297 vertidos contaminantes de los 1.523 inventariados a lo largo del ejercicio por el organismo hidráulico.

Las aguas Arousa y Muros-Noia presentan la mayor carga contaminante

Y si se compara la evolución en sí de la presión contaminante en este lustro, se ha logrado contener en un 25%, al pasar de esos casi 300 puntos que en 2018 incumplían los límites medioambientales a los 214 de 2023.

Alertas en tiempo real

Para Aguas de Galicia, que ahora depende de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, la protección de las rías resulta prioritaria dado su valor biológico, paisajístico y cultural.

No hay día en que Galicia no sufra un vertido. Hace años, muchos de los desechos que se arrojaban a las aguas de la comunidad ni llegaban a detectarse. Pero en 2010, la Xunta puso en marcha una red que permite en tiempo real el control de los focos de polución y la calidad de las aguas. A lo largo del año pasado, Aguas de Galicia detectó en las 18 rías gallegas un total de 1.915 vertidos, lo que se traduce en una media de cinco cada día. Al cierre del año eran esos 214 focos mencionados los que habían sido identificados como contaminantes por no cumplir los límites medioambientales fijados por ley, otros 28 estaban en investigación, ya que pese a cumplir los valores marcados tuvieron impacto en el entorno. En total, 938 no eran tóxicos (el 51%) y 690 (36%) fueron neutralizados por la intervención de la Xunta.

El balance del año pasado en las ensenadas gallegas deja un número de vertidos superior al de 2022. Son un 11% más que los que soportaron las rías en la comunidad el ejercicio anterior (entonces habían sido 1.721), pero en el caso de los contaminantes se redujeron un 10% (al cierre de 2022 había 238 focos de polución). Ese año la presión contaminante fue de casi el 14%, dos puntos por encima de la detectada en 2023.

Presión sobre cada ría

En los casi 1.500 kilómetros que dibujan la costa de Galicia, el mayor número de vertidos se produjo en la ría de Arousa, con un 503, más de la cuarta parte del total en las ensenadas de la comunidad, le sigue la bahía de Vigo (236) y con un volumen de focos similares están Muros-Noia (198) y Pontevedra (191). En el quinto puesto está Ferrol (169) y en el sexto la ría de A Coruña (148). En el extremo opuesto, figuran Lires (7) y O Barqueiro (9), la únicas que están por debajo de la barrera de los 10 focos detectados.

Ahora bien, si se tienen en cuenta los vertidos que son contaminantes, el orden cambia. A la cabeza se mantiene Arousa con 47 puntos que incumplen los límites medioambientales, seguida de Muros-Noia con un volumen muy parecido. 44. En este caso, la ría de Ferrol escala al tercer puesto de la negra lista de puntos de polución (25), seguida de Pontevedra (22) y de Vigo y Ares-Betanzos (ambas con 15). La ría de A Coruña está entre la que menos carga contaminante soportaron el año pasado, con dos vertidos tóxicos al cierre de 2023. Lires y Corcubión fueron las únicas ensenadas que no presentaron foco contaminante alguno.

La ría de A Coruña, nueva vida de un hábitat limpio

La Xunta impone el ‘quien contamina, paga’: multas de hasta dos millones de euros

El pasado mes de febrero, Augas de Galicia impuso una de las multas más elevadas en lo que va de año por vertidos: 180.000 euros. Fue por una infracción grave por contaminación a la empresa que explota la mina San Finx, en Noia. El organismo autonómico le abrió expediente sancionador por un vertido de aguas residuales en dos puntos no autorizados y con superación de los límites de cobre, cadmio y zinc fijados en los permisos concedidos en 2023. Bajo la premisa de quien contamina, paga, la Xunta se propone poner coto a todo tipo de desechos arrojados a las rías, los ríos o el mar, ya sean o no contaminantes por parte de empresas, administraciones o particulares.

Para frenar los puntos de polución que amenazan las aguas de la comunidad, el Ejecutivo gallego endureció en 2019 las sanciones en materia de medio ambiente a través de la Lei do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, más conservacionista que la anterior, que databa de 2001. En la normativa de hace ya más de 20 años, la sanción máxima por infracción muy grave era de 300.000 euros, pero con la nueva ley se puede llegar a los dos millones, una cifra pensada para los daños que puedan ocasionar empresas solventes sobre el patrimonio medio ambiental. Para los casos más leves, las multas van de los 300 a los 30.000 euros. Y para las infracciones tipificadas como muy graves, parten de los 200.000.

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