El abogado de Sito Miñanco se defiende de blanquearlo y ve en la causa un ataque a la profesión

Se enfrenta a una petición de casi 10 años de cárcel por preparar documentos para recuperar dinero incautado en Barajas

Gonzalo Boye. |   // MARTA PÉREZ/CAS

Gonzalo Boye. | // MARTA PÉREZ/CAS

Cristina Gallardo

Gonzalo Boye, abogado de personalidades políticas vinculadas al independentismo como los expresidentes Quim Torra o Carles Puigdemont, se enfrenta a una petición de 9 años y 9 meses de cárcel por participar en un presunto operativo irregular para recuperar 889.620 euros del narcotráfico que la Policía había incautado en 2017 a miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Barajas.

En su escrito de defensa, reprocha a la Fiscalía que con esta causa se ponga en riesgo “la profesión misma de abogado”, al incriminarle simplemente por ejercerla en favor de sus clientes. También apunta a la declaración de otro de los procesados en prisión, Manuel Andrés Puentes Saavedra, que logró eludir su encierro tras incriminarle en la causa.

En concreto, la Fiscalía Antidroga le responsabiliza de confeccionar unos contratos de compraventa de unas letras de cambio cuyo único fin era “acreditar el origen ilícito del dinero intervenido” a la organización de narcotráfico. Y de hacerlo, además, a sabiendas de su falsedad y de que las operaciones de compra eran ficticias.

El letrado niega todos estos extremos y reprocha que en su caso se busque “responsabilizar a un letrado, sin más, porque la documentación inicialmente aportada por un cliente sea considerada falsa”, lo que considera un “hecho más que dudoso”.

Agrega que cuestionar que un letrado haya hecho uso de estos documentos, “ya sea en el ámbito meramente administrativo o judicial, supone poner en entredicho, si no en riesgo, la profesión misma de abogado tal y como se viene configurando desde hace siglos, pero, muy especialmente, en el marco de un derecho procesal penal moderno y democrático”.

Así, el escrito que se extiende durante 90 páginas, con otras 400 más de prueba pericial y documental, se dirige a acreditar la realidad de las operaciones consideradas controvertidas por la Fiscalía. Además de prisión para Boye, se piden 31 años y 6 meses de prisión para José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, en un juicio que sentará en el banquillo a más de medio centenar de investigados como presuntos miembros de la organización que dirigía Sito Miñanco por presuntos delitos contra la salud pública y por delitos de blanqueo de capitales.

La causa deriva de la operación Mito, centrada en la red que presuntamente dirigía Sito Miñanco y que intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína en dos operativos diferentes que fueron truncados por los investigadores que le seguían la pista desde 2016. Además de la pena de prisión, Antidroga pide también que se aplique una multa de 2,7 millones de euros para Boye y de más de 950 millones de euros para Prado Bugallo. Esta petición tiene lugar después de que el pasado 18 de

Sobre el dinero incautado, Boye defiende en su escrito que su destino adquisición de una empresa de seguridad en Colombia por parte de otro de los procesados, Manuel González Rubio, y que el origen de este eran los beneficios que obtenía del campo de tiro que ostentaba en Alpedrete (Madrid) y de las demás actividades comerciales, empresariales y financieras que de forma regular realizaba, seguramente sigue realizando, Manuel González Rubio como empresario que es.

Por ello, y en cuanto a su intervención en lo contratos, la defensa de Boye defiende que éste se ciñó “estrictamente a las obligaciones y deberes inherentes al ejercicio profesional de la abogacía y no ha intervenido en la recuperación de ningún dinero procedente de ningún hecho delictivo ni ha confeccionado ni mandado confeccionar documentación ficticia o falsaria”.

Es decir, como abogado, “se limitó a ejercer el derecho de defensa y tratando de recuperar un dinero incautado, en el ámbito puramente administrativo, aportando los documentos que su cliente el señor González Rubio le facilitaba, sin tener datos ni elementos que le permitiesen dudar de la solvencia personal, empresarial, societaria y patrimonial de aquel”.

Así, la línea de defensa incide en que el comportamiento cotidiano y rutinario de un abogado, como la aportación de documentos, facilitados por el cliente “no puede ni debe ser punible cuando ese comportamiento queda plenamente cubierto por el rol social lícito en el que se interactúa”, se afirma en el escrito.

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