El Congreso admite por tercera vez el debate legal para ceder la AP-9 a Galicia

Pazos, Pontón y Besteiro piden la transferencia entre reproches mutuos por el bloqueo de PP y PSOE desde 2016 | Solo Vox se opone a la tramitación, que se prevé larga

Besteiro, Pontón y Pazos, ayer en el Congreso.

Besteiro, Pontón y Pazos, ayer en el Congreso. / Sergio Pérez / Efe

Daniel Domínguez

Nuevo capítulo, mismas demandas, mismos reproches, misma incertidumbre. El Congreso de los Diputados admitió ayer a trámite por tercera vez la ley propuesta por unanimidad por el Parlamento gallego para transferir a la Xunta la titularidad de la principal vía de comunicación de la comunidad: la AP-9. En las dos ocasiones anteriores, la convocatoria de elecciones generales y disolución de las Cortes causaron el decaimiento del proyecto y obligaron a iniciar el proceso.

PP, PSOE, Sumar y grupo mixto avalaron la tramitación en el Congreso de una proposición legal que supondría para la administración central dejar de contar con la titularidad de una vía que varios gobiernos han considerado de interés general alegando que enlaza con Portugal, si bien esa conexión se realiza a partir de Tui a través de la AP-55. Solo se opuso el grupo Vox.

Los diputados gallegos Alberto Pazos Couñago (PP), Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG) reivindicaron el inicio de la tramitación, un intento que comenzó en 2016, si bien entonces la Mesa del Congreso, controlada por el PP, impidió su debate hasta en dos ocasiones.

Sí abrió la puerta a su debate en 2018 y 2021, pero en ambos casos las citas con las urnas situaron esta demanda de nuevo en la casilla de salida. Por tanto, la actual demanda es la quinta en los últimos ocho años.

Las tres fuerzas políticas con representación en el Parlamento gallego defendieron el traspaso a Galicia del control sobre la AP-9, la principal vía de comunicación de la comunidad. Esto concedería a la Xunta la capacidad para vigilar el cumplimiento de los pliegos de explotación por parte de la concesionaria, pero no supondría un rescate automático de la vía que derivaría en el fin de los peajes, cuyo coste, de concretarse, asumiría el Gobierno central. “La Administración general del Estado asumirá las obligaciones económicas y financieras en caso de que se declarase la nulidad de las prórrogas mediante las cuales se acordó la ampliación del periodo concesional”, reza el texto.

La negociación se antoja compleja y la tramitación, larga, como sucedió tras 2021, cuando el PSOE solicitó varias ampliaciones del plazo de enmiendas , descafeinando el texto y limitándolo a las competencias sobre “administración y explotación” de la vía.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, alegó que el rescate de la vía sería “inasumible”, aceptando el coste de 4.000 millones de euros que en día puso sobre la mesa el Ejecutivo de Rajoy (PP).

La exigencia de poner fin a unos peajes “abusivos” y los reproches mutuos sobre los palos en las ruedas para lograr esta demanda centraron los discursos de Pazos, Pontón y Besteiro.

El primero sostuvo que el PP “hará lo posible” para que la propuesta de cesión “sea aprobada en los términos que demanda Galicia” y exigió al PSOE que cumpla el compromiso electoral de Besteiro de que la vía sea “100% gallega y libre de peajes”. “Lo contrario sería un fraude”, sostuvo.

El líder de los socialistas gallegos destacó precisamente las bonificaciones pagadas por el Gobierno central que llegan al 75% del peaje para conductores habituales y culpó al Ejecutivo de Aznar (PP) de prorrogar la concesión en el año 2000 hasta 2048, una decisión que ahora investiga la UE por no haber sido sometida a concurso. Alegó también que las “complicaciones” del traspaso derivan “de esos “errores” del pasado.

Por su parte, Pontón advirtió de que sería “una tomadura de pelo” no aprobar la cesión a Galicia y lamentó la discriminación frente a vías similares transferidas a Euskadi o Cataluña o frente al rescate de las radiales madrileñas. Y finalmente afeó a PP y PSOE votar a favor en Galicia y luego “alternarse” en la búsqueda de “excusas” para negarle ese derecho.

También se refirió a esta cuestión el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a través de la red social X. “El Congreso tramitará de nuevo que la AP-9 sea plenamente gallega. Confiamos en que esta vez el Gobierno central sea más sensible con las necesidades de esta tierra que la última. Es una vía fundamental para vertebrar Galicia y su futuro debe decidirse desde Galicia”, expuso.

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