El Gobierno solicita dos meses más para justificar la prórroga de la AP-9 en la UE

Transportes todavía no ha remitido su respuesta al segundo expediente de infracción abierto en Bruselas | Las elecciones apuntan a un cambio de comisario de Competencia

Óscar Puente, este viernes en la estación de Lugo. |   // PEDRO AGRELO

Óscar Puente, este viernes en la estación de Lugo. | // PEDRO AGRELO

Víctor P. Currás / L. Graña

Después de que el Congreso admitiera a trámite la propuesta de ley para transferir la AP-9 a Galicia y Óscar Puente elevara a 6.000 millones el coste del rescate y traspaso del vial, el Gobierno pide tiempo muerto para poder responder ante la Comisión Europea por la prórroga efectuada hasta el 2048. Fuentes institucionales de alto nivel confirman que España ha solicitado un nuevo plazo de dos meses hasta el 24 de agosto para enviar sus alegaciones al segundo expediente sancionador abierto por Bruselas.

A poco más de una semana de extinguir el plazo legal iniciado en abril y sin haber enviado todavía ningún documento, el Ejecutivo sigue buscando la fórmula para justificar la prórroga de 25 años decretada por Aznar. Sin esta medida denunciada por la Asociación En Colectivo, los gallegos no tendríamos que pagar los peajes de la AP-9 desde el 18 de agosto de 2023.

En su respuesta del 20 de enero de 2022 el Gobierno invocó la excepción in house ya que en ese momento Autopistas del Atlántico S. A. era “íntegramente de titularidad pública”. Este procedimiento permite a un comprador público liberarse de las normas de publicidad y licitación a nivel interno, es decir, cuando utiliza los servicios de una entidad sobre la que ejerce un control. Sin embargo, el órgano comunitario considera que existen “incoherencias” en la postura de las autoridades españolas ya que no mencionaron esta excepción en su primer documento en febrero de 2021 ni en el análisis de la sentencia del Comune di Lerici de Italia en noviembre de 2022, donde reconocían que “no existían una relación contractual entre el Estado y Audasa y no se adjudicó a este último ningún contrato in house”.

La Comisión insiste en que esta vía “sólo debe utilizarse para su finalidad” y “observa varios indicios de que ni Fomento ni Enausa pretendieron nunca seguir el objetivo de la excepción in house y menos aún mantenerla durante la totalidad de la ejecución de los contratos”. Por ello el comisario Breton y la secretaria general Martine Deprez consideran que “la única explicación verosímil en la prórroga extremadamente prematura 20 años antes de la fecha final del plazo —agosto de 2023— es que tenían la intención de venderlas a corto plazo y querían obtener el máximo beneficio gracias a su prórroga”. De esta forma, aceptar la excepción “equivaldría aceptar la elusión de las normas de contratación pública de la UE y una desviación de poder”.

Una vez definida la presidencia de la Comisión Europea, parece improbable que el presidente galo pueda situar de nuevo a Thierry Breton como comisario de Mercado Interno. Este veterano economista y directivo firmó la durísima carta en la que rechaza los argumentos presentados por España.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó que tanto el Gobierno autonómico como el PP gallego defenderán hasta el final el traspaso de la AP-9. “Vamos a exigir lo que fue un compromiso del Partido Socialista en campaña, en una campaña en la que el presidente del Gobierno conocía perfectamente este compromiso”, dijo Rueda, y recordó que “en ningún caso” Sánchez dijo que el traspaso de la AP-9 no fuese a llevarse a cabo.

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