La ‘Pokemon’ concluye el lunes con el juicio por la pieza que originó la macrocausa por corrupción

La vista, en la que se sellará el acuerdo de conformidad ya alcanzado, es por la adjudicación fraudulenta del servicio de grúa municipal de Lugo

La pieza original de la que derivó la mayor causa judicial contra la corrupción política conocida como operación Pokemon, la relacionada con las presuntas irregularidades en la adjudicación de la grúa municipal de Lugo, llegará a juicio el próximo lunes con una vista en la que se prevé que se ratifique un acuerdo de conformidad.

Dos décadas después de los hechos, que derivaron en un rosario de piezas separadas por toda Galicia, los acusados de la pieza original han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía para reconocer los delitos y ver rebajada su pena. Los detalles se dará a conocer después de la vista, programada el próximo lunes, a media mañana, en la Audiencia Provincia de Lugo, si bien el pacto se selló hace algunos meses y permitirá a los acusados obtener penas inferiores a los tres años de prisión, incluso en los casos más graves.

Esta investigación analizó la supuesta adjudicación fraudulenta del servicio de la grúa municipal de Lugo a la empresa Cechalva y, entre los procesados, figura el que era entonces edil de Urbanismo, Francisco Fernández Liñares, del que se sospechaba que tenía relación con la empresa adjudicataria.

Fue en 2005 y, a la postre, esta investigación sería la primera causa de lo que unos años después se llamaría operación Pokemon, una macrocausa instruida por la entonces jueza del número 1 de Lugo, Pilar de Lara, que tocó numerosos ayuntamientos por toda Galicia y en la que se produjeron decenas de detenciones.

Las personas que se sentarán el lunes en el banquillo de los acusados serán once: Fernández Liñares, exconcejal de Urbanismo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil; Javier Reguera, enlace entre Liñares y Cechalva, Manuel Santiso, persona de confianza de los dos anteriores, y otros ocho empresarios por haberse beneficiado de servicios de los anteriores acusados.

A Francisco Liñares se le considera autor de los delitos de revelación de secretos por funcionario público, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales, por lo que le caerá una condena de dos años y medio de prisión, 105.000 euros de multa y 9 años de inhabilitación para ejercer un cargo público.

Este político es uno de los grandes acusados en la Pokemon, en varias piezas, y de hecho ha fue condenado. El que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil ingresó en febrero de este año y de forma voluntaria en la prisión lucense de Monterroso para cumplir la condena de cuatro años y medio de cárcel a los que fue condenado por el Tribunal Supremo por delitos continuados de cohecho y prevaricación mientras presidió la entidad. Se consideró probada la adjudicación de obras a empresarios con los que se había puesto de acuerdo a cambio de dinero o de prestaciones de trabajo en sus propiedades.

Los resultados globales de la operación Pokemon, en términos de condenas, fueron escasos, ya que la mayoría de las piezas, prolongadas en el tiempo, terminaron archivadas o en acuerdos judiciales para reducir las condenas.

Pilar de Lara, que además de ésta instruyó otras macrocausas como la Carioca, fue sancionada por el Consejo General del Poder Judicial por retrasos en sus instrucciones, y en 2020 cesó como titular del juzgado lucense.