La Xunta revisó al alza el precio de 32 contratos de obra para afrontar la subida de costes por la inflación

La inflación no solo ha encarecido la cesta de la compra. Tras estallar la guerra de Ucrania los costes de la construcción se han disparado. La mano de obra y los materiales acumulan un encarecimiento de casi el 12 por ciento en los dos últimos años. Y esto ha terminado repercutiendo sobre la obra pública. Para evitar la paralización de proyectos la Xunta activó a principios de 2022 un mecanismo que les permitiera revisar al alza el precio de los contratos para ajustarlos a la realidad del mercado. Desde entonces llegaron a la Axencia Galega de Infraestruturas casi 60 solicitudes de contratistas reclamando renegociar el valor de las obras. A treinta y dos de ellas ya se les ha subido el precio del contrato para que puedan asumir el incremento de costes.

El alza de precios se ve especialmente influida por el encarecimiento de la mano de obra, que ha crecido un 21,4 por ciento desde el comienzo de la guerra, mientras que el avance del coste de los materiales se ha situado en el 7,6 por ciento. Elementos como el cemento se encarecieron un 33 por ciento respecto a febrero de 2022 y el hormigón cuesta un 29 por ciento más.

Con estos materiales imprescindibles para la construcción batiendo récords, las empresas adjudicatarias se toparon con materias primas más caras que cuando les adjudicaron el contrato para realizar la obra pública, circunstancia que se sumó al encarecimiento del combustible.

Ante esa situación, la Xunta fue la primera en lanzarles un salvavidas. Abrió así la vía para revisar al alza el precio de una adjudicación si los costes aumentaban el 20 por ciento y las pérdidas superaban el 6 por ciento.

Poco después, fue el Gobierno central el que aplicó una medida similar que se solapaba con la autonómica, aunque cubriendo sobrecostes a partir del 5 por ciento y con un máximo de revisión del 20 por ciento, si bien establecía diversas condiciones.

La Axencia Galega de Infraestruturas, órgano dependiente de la Consellería de Vivenda y principal órgano de contratación de la Xunta, se encarga de estudiar las solicitudes para renegociar los precios. En primer lugar se determina si cumplen con las condiciones que estableció el Gobierno para que las obras sean revisables y después se tramitan los pagos derivados de ese derecho.

De los 59 expedientes recibidos para renegociar el valor del contrato, se han resuelto ya 47. Restan aún 12 solicitudes que están pendientes porque, “aún no hay índices oficiales de revisión de precios”.

De los 47 procedimientos finalizados, un total de 32 se resolvieron de manera positiva de manera que se pagará más al contratista. Hubo otros 15 casos, sin embargo, en los que se determinó que la empresa adjudicataria no tenía derecho a revisión.

Además, según explican desde la Consellería de Vivenda e Infraestruturas, para ayudar a las empresas se habilitó la posibilidad de realizar pagos parciales ya durante la ejecución de las obras, sin esperar a su conclusión. “De esta forma se acerca liquidez a las constructoras, al tiempo que también es un procedimiento más operativo para la Administración, que no tiene que afrontar todo como un solo pago al finalizar el proyecto”, señalan desde el departamento que dirige María Martínez Allegue. Se ha utilizado este mecanismo de abono parcial ya con cuatro contratistas, tal y como informa la Xunta.

Pero además en la etapa de mayores subidas de precios, de forma previa a la licitación de las obras la Xunta realizó ya revisiones de los presupuestos para identificar posibles problemas en cuanto a los precios del proyecto. “Fruto de esto, hubo varios casos en los que hubo que realizar una actualización de los precios previa a la adjudicación, lo que permitió que no hubiera casos de licitaciones declaradas desiertas en la Axencia de Infraestructuras en este tiempo”, explica la Xunta.

De hecho, en cuanto a licitaciones que quedaran vacantes por falta de interés de las empresas debido a la baja oferta económica, desde el Ejecutivo autonómico solo destacan la construcción del Hospital Público Gran Montecelo.

Se licitó el contrato por primera vez en verano de 2020 por un importe de 114,65 millones de euros y solo se presentó una oferta. La Administración revisó el proyecto y desistió de la licitación declarándola desierta. Al año siguiente volvió a sacarlo a concurso por 129,9 millones y ya se encontró con seis empresas interesadas.

A lo largo de 2023 quedaron vacantes en Galicia obras públicas por valor 20,3 millones de euros debido a unos precios de licitación que impedían cubrir costes, según los datos de la Federación Gallega de la Construcción.

El problema afecta a todo tipo de obras, pero son las sacadas a concurso por los ayuntamientos las que soportan el mayor volumen de licitaciones desiertas, ya que fueron las administraciones locales las que menos ajustaron los precios al mercado. En concreto, los concellos cerraron 2023 con más de 12 millones en obras sin postor, un volumen que supone el 60 por ciento de las licitaciones desiertas en Galicia.

En importe de obras vacantes el año pasado le sigue la Xunta, con 2,36 millones de euros. Y en el tercer puesto del ranking de licitaciones desiertas por las cuatro administraciones en Galicia se sitúa el Estado, que son más de 1,5 millones en obras públicas que se quedaron sin postor.

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