Moncloa penaliza a la Xunta por no devolver 4,2 millones en ayudas sociales sin ejecutar

El Gobierno penaliza a la Xunta con un recargo económico por demorarse en la devolución de 4,2 millones de euros de una línea de ayudas para facilitar la accesibilidad a la vivienda por parte de personas dependientes y con discapacidad y que no fueron ejecutadas en su totalidad por la comunidad autónoma. La deuda asciende ya a 4,5 millones incluyendo los intereses y además debido a la tardanza en reintegrar esta subvención se le está aplicando una penalización del 5 por ciento. La Consellería de Política Social ha detraído ya casi 600.000 euros del Servizo de Apoio á Mobilidade Personal (065) y del fondo de imprevistos para disponer de partidas para abonar estos recargos. Desde el departamento que dirige Fabiola García alegan que los plazos concedidos para ejecutar las ayudas eran “muy reducidos” y que además había otras administraciones implicadas como los ayuntamientos.

Se trata de partidas procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En diciembre de 2021 el Ministerio de Derechos Sociales concedió a Galicia una subvención por valor de 4,2 millones de euros para el desarrollo de actuaciones de inversión para “nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda de personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia.

El plazo para la ejecución de estos fondos vencía en marzo de 2023 y su justificación debía hacerse antes de septiembre de ese mismo año. “La comunidad autónoma de Galicia no llevó a cabo ejecución alguna y tampoco procedió a su reintegro en plazo”, explican desde el Ministerio de Derechos Sociales.

Desde la Consellería de Política Social esgrimen que se dio “un margen de tiempo muy limitado para elaborar la pertinente orden de ayudas, resolverla y justificar las obras”. “Esto imposibilitaba cumplir los objetivos fijados por la línea de ayudas”, recalca.

“Además hay que tener en cuenta que en estas ayudas están implicadas otras administraciones, no solo la Xunta. Es el caso de los ayuntamientos de los que dependen las licencias de obra, los proyectos, la ejecución...”, añaden.

Según explican desde el departamento de Fabiola García, desde la Xunta se hicieron varias propuestas al Gobierno central “para sacar un mayor rendimiento a estas ayudas, pero fueron rechazadas”.

En todo caso, desde la Xunta no solo no se ejecutaron las ayudas sino que se están demorando en su reintegro, lo que obliga a detraer dinero adicional de las arcas autonómicas para abonar intereses y recargos. En la resolución que concedía a Galicia estos fondos se especificaba que “al tratarse de fondos afectados al cumplimiento de una finalidad, en caso de no realizarse el gasto las entidades beneficiarias deberán reintegrar los fondos a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales de manera total o parcial, en cada caso”.

El importe concedido a Galicia fue de 4.226.229 euros y lo tiene que reintegrar por completo. La cifra total que adeuda la Xunta es de 4.577.722 euros incluyendo los intereses.

Sin embargo, la Administración autonómica no devolvió el dinero en el plazo voluntario y, por lo tanto, el Gobierno ha iniciado el cobro de la deuda en vía ejecutiva, de manera que el expendiente ha pasado a manos de la Agencia Tributaria.

“En caso de no haber realizado el pago en plazo voluntario o haberlo realizado una vez vencido el mismo se exigirá un recargo que variará según el momento en el que se pague la deuda”, explican desde el Ministerio de Derechos Sociales. Existen tres tipos de recargo: ejecutivo (del 5 por ciento), de apremio reducido (del 10 por ciento) y de apremio (del 20 por ciento).

A la Xunta se le está aplicando el recargo ejecutivo, pero si se sigue demorando en el reintegro de estas ayudas del Plan de Recuperación la penalización será mayor.

Para hacer frente a esos recargos la Xunta realizó ya dos modificaciones presupuestarias. En mayo retiró 228.000 euros consignados al Servizo Galego de Apoio a Mobilidade y en junio recurrió a otros 351.000 euros del fondo de imprevistos.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales explican que disponen de una dotación de 3.156 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para destinar a servicios sociales y que están aún en ejecución tras negociar una prórroga con la Comisión Europea. El 83 por ciento de estos fondos se distribuyó entre las comunidades autónomas. En concreto el convenio firmado con Galicia contempla una partida de 164,1 millones de euros, aunque posteriormente se amplió a 170 millones de euros. Este acuerdo está vigente hasta diciembre de 2026.

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