El TSXG condena a la Xunta por convocar 600 plazas de bomberos menos de las pactadas en 2022

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado nula la convocatoria de plazas para bomberos forestales realizada por la Xunta en el año 2022 por ofrecer 600 vacantes menos que las comprometidas en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de ese ejercicio, que inicialmente ascendían a 948 puestos. Así se refleja en una resolución dictada en el último mes por el TSXG a raíz de un recurso contencioso administrativo interpuesto por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que acusaba a la Xunta de reducir “drásticamente” el número inicial de plazas relativas al Servicio de Prevención de Incendios Forestales (SPIF) que preveía la OPE. A pesar de que el TSXG haya dado la razón al sindicato, la sentencia todavía no es firme, por lo que estos procesos de contratación todavía no se paralizan. Además, la Xunta afirma que interpondrá recurso de casación.

Concretamente, la OPE a la que hace referencia el TSXG se realizó con carácter extraordinario el 25 de mayo del 2022. La convocatoria se hizo en el marco del cumplimiento de la Ley 20/2021, que contemplaba un paquete de medidas urgentes aprobadas por las Cortes en diciembre de 2021 para combatir la temporalidad en el empleo público. En él, se establecía que las comunidades debían “desarrollar los procesos de estabilización” pertinentes para cumplir con los objetivos que marcaba dicho precepto, entre otras cosas.

A la hora de ejecutar una OPE, la Xunta está obligada a publicar primero los detalles de la convocatoria, con el número de plazas previsto. Después, el Ejecutivo autonómico ha de llevar a cabo el proceso selectivo pertinente. En este caso, la oferta contemplaba 948 plazas: 161 para personal funcionario mediante sistema de concurso y ocho adicionales a través de oposición; para personal laboral se previeron 779 vacantes.

Temporalidad

No obstante, el cómputo menguó considerablemente cuando llegó la hora de iniciar el proceso selectivo para captar personal, que tuvo lugar a finales de diciembre de 2022. Contando el total de vacantes de funcionarios y personal laboral, fueron 334 plazas las que finalmente salieron a concurso.

“Esto es una distorsión de la Ley 20/2021 y es intolerable. No convocaron más de la mitad de las plazas”, asevera el responsable del departamento de incendios forestales del CSIF, Juan Carlos Rivas, que asegura que este incumplimiento a la hora de ejecutar la OPE por parte de la Xunta repercute gravemente en la temporalidad del sector. “Ahora mismo, entre el 60% y el 70% de los bomberos forestales en Galicia son temporales, y la situación se replica en más sectores de la Administración”, apunta.

En cuanto a la solución al problema, Rivas afirma que la Xunta lo tiene muy fácil. “En la Administración central saben que las comunidades autónomas suelen incumplir estos procesos. Hace unos meses, el Gobierno amplió el plazo para hacer cumplir esta Ley 20/2021”, señala el portavoz del CSIF. “Solo tienen que hacer una convocatoria con las plazas que no se han ejecutado aún. Así de sencillo”, señala.

Con todo, este asunto no parece que vaya a acabar en esta última sentencia del TSXG. “El Gobierno gallego va a interponer un recurso de casación”, explican desde la Consellería de Facenda a este diario, y añaden: “Mientras la sentencia no sea firme, los procesos a los que se refiere no se paralizan. La Xunta sigue trabajando para garantizar la ejecución de la totalidad de los procesos de estabilización convocados, dando así pleno cumplimiento al mandato establecido en la Ley 20/2021 en tiempo y forma”.

Además, Rivas afirma que otro de los lastres del actual sistema de asignación de plazas en el ámbito de los bomberos forestales tiene que ver con las localizaciones geográficas que se asignan. “Todas las vacantes que se están ocupando son con destino provisional, algo que no da ninguna estabilidad a la plantilla”, señala el portavoz, que denuncia que la Xunta no realiza suficientes concursos de traslados para los trabajadores del sector. “Concretamente, el personal laboral no opta a ninguno desde el 2012 y los funcionarios se encuentran inmersos en uno actualmente, pero está paralizado desde hace meses. Tienen que hacerlo efectivo antes de que acabe el año, aunque dudo que eso suceda”, se lamenta.

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