Elma Saiz | Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
“Para transferir el Ingreso Mínimo Vital, la Xunta tiene que hacer los deberes”
“Las autonomías deben entender que para luchar contra la pobreza hay que hacerlo conjuntamente, pero se invierte tres veces más desde el Estado que desde la comunidad”

La ministra de Inclusión, Elma Saiz. / Antonio Hernández
Susana López Carbia
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reclama a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que sean “solidarias” y no recorten la inversión en protección social al tiempo que “reducen los impuestos a las rentas altas”. Sobre la crisis migratoria, Elma Saiz (Pamplona, 1975) defiende la hoja de ruta del Gobierno frente a los “bulos” con los que, denuncia, los partidos de derecha y extrema derecha “alimentan” la xenofobia.
Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la inmigración es el principal problema para los españoles, por encima del paro. ¿Tiene el Gobierno una hoja de ruta clara para abordar la crisis migratoria?
Absolutamente, sí. El Gobierno tiene una política migratoria muy definida. Son precisamente esos mensajes que ahondan en la desinformación, que abrazan los bulos y que dan pábulo a la xenofobia y al racismo los que han hecho que esa preocupación sea una preocupación creada, no una real. Los datos constatan que, cuando ahondas un poco más en las preguntas, la ciudadanía no percibe que la inmigración le afecte en su día a día. Es una preocupación alimentada por la extrema derecha y en algunos momentos por el Partido Popular, que quiere vincular el fenómeno migratorio a aspectos negativos.
Censura el comportamiento de la derecha y la extrema derecha, pero ¿qué pasa con las comunidades? ¿Están a la altura de los desafíos que supone esta crisis migratoria?
El Gobierno aborda todos los desafíos entendiendo que la cogobernanza y la lealtad institucional son herramientas muy importantes. Somos el Ejecutivo de los acuerdos y tendemos la mano en cuestiones como la política migratoria. Nunca ha habido tantos foros de encuentro sobre inmigración como ahora. Llevamos tres conferencias sectoriales y, entremedias, las comisiones oportunas donde se da ese intercambio de información demandado por las comunidades y las entidades locales.
Y, sin embargo, una queja reiterada por parte de la Xunta de Galicia es que el Gobierno no ha proporcionado suficiente información a las comunidades autónomas sobre la cuestión migratoria...
Insisto en que en las conferencias sectoriales se ha escuchado todas las cuestiones que trasladaban las comunidades autónomas y se les ha dado respuesta a través de las comisiones, donde se han creado grupos de trabajo y se les ha dado información. Una de las cuestiones que está siendo compartida es la reforma del reglamento de Extranjería. Se les han pedido aportaciones y las han hecho. No hay lugar a la crítica.
Le preguntaba si las comunidades autónomas, y en particular la Xunta, están haciendo los deberes en materia migratoria...
Las cosas son diferentes en función de quién está al frente de las administraciones. Lamentablemente, en esta cuestión lo estamos viendo. El PP se ha negado siquiera a la toma en consideración de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería en el Congreso de los Diputados. Y lo que estamos pidiendo es una solidaridad de las comunidades autónomas para atender a los menores en situación de vulnerabilidad.
¿Galicia podría hacer más?
Lo que podría hacer el señor Rueda es decirle al señor Feijóo que en el Congreso de los Diputados vote sí a tomar en consideración esa modificación del artículo 35, que por otro lado es lo que podría hacer el PP en Canarias, que cogobierna con Coalición Canaria. Es incomprensible que no le exija explicaciones al señor Feijóo, que es un hombre que tiene un liderazgo en el PP menguante y que está intentando consolidar ese liderazgo a través de la mentira y la desinformación.
Galicia reclama una financiación justa para atender a los menores migrantes no acompañados. ¿Hay razones para la queja?
Estos planteamientos siempre se contestan con datos. En los últimos siete años, las comunidades autónomas han tenido más de 300.000 millones de euros adicionales, es una financiación histórica. Y estamos viendo cómo hay comunidades gobernadas por el PP que están reduciendo los impuestos a las rentas altas, menoscabando ingresos que tendrían que ir destinados a las políticas sociales, que son competencia autonómica. Es incomprensible.
En todo caso, el reto no es solo acoger a los migrantes, sino conseguir que se integren social y laboralmente. ¿Lo ve posible?
Estamos en una tierra eminentemente migrante. El ejemplo está en la Mariña lucense, en Burela, donde hay una comunidad importantísima de caboverdianos. Y hay más de medio millón de gallegos fuera de nuestras fronteras a los que también protegemos a través de convenios con diferentes países. Claro que es posible esa integración.
En relación al nuevo reglamento de Extranjería del que hablaba, la Xunta pide que se flexibilice el arraigo por formación para cubrir vacantes en sectores como el campo, el mar o la hostelería. ¿Es factible?
La Xunta ha tenido oportunidad en la conferencia sectorial de trasladar sus aportaciones y ese es uno de los caminos que estamos estudiando. La figura del arraigo por formación será objeto de una importante modificación para mejorarla, como han propuesto Galicia y otros.
La lucha contra la pobreza y la exclusión es otra de las competencias de su Ministerio. Galicia ha pedido, de momento sin éxito, la transferencia del Ingreso Mínimo Vital que gestiona su departamento. ¿Por qué no se concreta ese traspaso?
Estamos en ello. Los grupos técnicos ya están trabajando, pero primero Galicia tiene que adaptar la normativa de la Risga [Renda de Integración Social de Galicia] a la normativa del Ingreso Mínimo Vital.
Entonces, ¿la razón es que la Xunta no ha hecho los deberes?
Efectivamente, tienen que adaptar la normativa y no lo han hecho. Otras comunidades sí lo han hecho. Las autonomías deben entender que para luchar contra la pobreza hay que hacerlo conjuntamente. Lo que estamos viendo es que la Risga se está reduciendo. Los hogares protegidos por la Risga son un 17% de los que protege el Ingreso Mínimo Vital. Se invierte tres veces más desde el Estado que desde la comunidad autónoma. Es una conjunción de esfuerzos, no que las comunidades decidan detraer recursos autonómicos para cargarle la responsabilidad únicamente al Ingreso Mínimo Vital. Por eso es muy importante quién está al frente de las administraciones. Es una decisión política.
“Los gallegos verán como sus pensiones se incrementan en 800 euros al año”
El Gobierno saca pecho estos días por el acuerdo que completa la reforma de las pensiones emprendida en 2021. En clave gallega, ¿qué destaca de ese pacto?
Entre otras cosas, los gallegos y gallegas verán como sus pensiones se incrementan en 800 euros al año gracias a la revalorización garantizada por ley, fruto de esa reforma. Eso da certidumbre a los pensionistas de hoy, pero también a los del mañana. Por cierto, con el voto en contra del PP.
Se fomenta que la gente trabaje durante más tiempo. ¿No dificulta eso que la gente joven entre en el mercado laboral?
El talento júnior tiene que convivir con el talento sénior. Y hasta ahora se era o bien pensionista o bien trabajador. Es importante legislar con la realidad del mercado y con la esperanza de vida. Hay que luchar contra la discriminación de cualquier tipo, teniendo en cuenta siempre que es una cuestión voluntaria. Y eso no es incompatible, todo lo contrario, con que los becarios coticen por las prácticas en las empresas.
¿Hay peligro de que en diez años no haya pensiones?
No, ninguno. La reforma de las pensiones, que tiene una cláusula de salvaguarda, está hecha de la mano de Europa y vamos a terminar la legislatura con 25.000 millones en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Esa es la mejor manera de dar certidumbre a los pensionistas.
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