La Xunta plantea una revisión del modelo de oposiciones para acceder al empleo público

Fueron unos cuantos los intentos de la Xunta en el pasado para modificar las condiciones laborales de los empleados públicos, como obligarlos a cambiar de puesto, trabajar para otras consellerías que no sean las suyas o asignar a otras actividades hasta el 80% de su jornada laboral. Esto, por ejemplo, se aprobó en 2021, pero luego se aparcó para incentivar la dedicación de los empleados públicos a los trámites de gestión administrativa con el fin de agilizar la apertura de proyectos empresariales y dar salida a los fondos extraordinarios procedentes de Bruselas y Madrid para lanzar la recuperación económica tras el COVID. Ahora se vuelve a la carga con otras propuestas, como atenuar la rigidez de las funciones asignadas a cada plaza para que se puedan atender con agilidad nuevas necesidades laborales o reformar el proceso de selección de personal y actualizar los temarios de las oposiciones, incluyendo, por ejemplo, conocimientos sobre administración electrónica.

Estos planteamientos se encuentran en el llamado Plan Xeral de Xestión e Mellora da Calidade dos Servizos do Sector Público Autonómico de Galicia que la Xunta ha sometido a información pública.

En el capítulo referente al personal se recoge como primera acción elaborar un plan estratégico de recursos humanos, que debería estar aprobado en 2025, que sirva como base para decidir el giro que se pretende dar a la organización y gestión de los empleados públicos.

Y una de esas medidas que se ponen sobre la mesa es impulsar “soluciones organizativas más flexibles” para manejar al personal. Se estudiarán “distintas opciones” que permitan implantarlas, de forma que la gestión de los empleados en sus distintas funciones se pueda hacer “de forma más flexible y ágil” para así atender con premura “las necesidades de la ciudadanía en cada momento”.

Estas “soluciones flexibles”, según el cronograma incluido en el plan general, se implantarían de manera efectiva en 2027, lo mismo que el nuevo sistema de selección de personal para incorporarse a la Administración autonómica.

Lo que se propone en relación a las oposiciones es “actualizar o modificar” el modelo vigente de selección y también el funcionamiento de los tribunales. “Para tal fin se valorará la posibilidad de crear bolsas de empleados públicos para participar en los órganos de selección de personal y/o revisar los temarios de los procesos selectivos, incluyendo competencias relativas a la administración electrónica”, se recoge en el documento.

Otras dos medidas planteadas son la de impulsar la implantación de un sistema de dirección por objetivos en los distintos centros directivos de la administración general de la comunidad autónoma y la de reducir, mediante un proceso de refundición, el número de escalas y categorías de los funcionarios y del personal laboral a la menor expresión posible.

Para esta última propuesta no hay plazo marcado, ya que se debe hacer por ley.

En todo caso, la historia de las reformas que afectan a los funcionarios públicos está jalonada de amagos e intentos frustrados, de revisiones aprobadas y luego dejadas sin efecto y de proyectos de larguísima génesis que están esperando que se puedan aplicar, como la evaluación del rendimiento de los empleados públicos.

Fue la Lei de Emprego Público, que entró en vigor en 2015, la que estableció la obligación de examinar el trabajo de la plantilla de la Administración autonómica. Si los empleados públicos pasan la prueba cobrarán un complemento de desempeño. Si suspenden podrán ser trasladados a otro puesto de manera forzosa o bien obligados a reciclarse mediante un curso de formación.

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