Pontón: «El rescate de la AP-9 supondría un ahorro millonario»

Para la portavoz del BNG, Ana Pontón, el rescate de la autopista AP-9 no solo es «viable dende un punto de vista xurídico e un acto de xustiza cos galegos e as galegas», sino que además «é o máis rendible para as arcas públicas» y «suporía un aforro millonario só en peaxes na sombra». Así lo defendió ayer, en la presentación del informe que la formación nacionalista encargó a la Universidad de A Coruña sobre la situación jurídica y el coste de poner fin a la concesión.

Cifró en 2.844 millones de euros el coste para el Estado de los peajes en la sombra hasta 2048, cuando finaliza la concesión. Resalta que es una cantidad «moito máis elevada» que los 904,7 millones que supondría un rescate, según el informe elaborado por la universidad y presentado ayer a una veintena de agentes sociales y económicos de la comarca de Vigo. Lo calcula por el valor de mercado de la autopista, que estuvo dispuesto a pagar hacer seis eses un «fondo voitre», actualizado con el IPC. Señala que Audasa no tiene derecho al lucro cesante porque la prórroga es «ilegal por un cambio sustancial d contrato». Sostuvo que solo hay una opción posible: anular el contrato.

«Ter unha AP-9 galega e libre de peaxes é só unha cuestión de vontade política», afirmó Pontón y acusó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de querer «Audasa siga haciendo caja a costa de los gallegos».

Pontón ve «moi claro» que la ampliación de la prórroga de la AP-9 fue «ilegal». No solo aquella realizada por el Ejecutivo de José María Aznar por 25 años (actualmente vigente), sino también la anterior aprobada por el Gobierno socialista por 10 años (que terminó en 2023).

Ante esta situación, Pontón ha defendido la necesidad de «anular o contrato», porque estas ampliaciones son un «incumprimento grave» no solo de la legalidad estatal, sino también de la europea e insta al Ejecutivo a desistir en su recurso a Bruselas y a rescatar la AP-9, para no trabajar «en contra dos intereses do país».

En cuanto a su coste, el estudio encargado por el BNG lo sitúa en algo más de 900 millones, lejos también de los 2.355 millones de un informe encargado por la Xunta «a unha consultoría que casualmente ten como cliente a Audasa», según ha dicho.

«O informe da Xunta é un traxe a medida para os intereses de Audasa, con un sobrecuste de 1.450 millones de euros (respecto a los 900 millones que calcula el BNG). Unha vez máis, o PP pon por diante de Galicia osintereses dunha multinacional», destacó Pontón indicando que, al ser ilegal la ampliación de la prórroga, no sería necesario el pago del lucro censante.