La Xunta rescata cuatro autovías en manos de concesionarias: 300 millones
Asumirá en 2025 la gestión de las vías de O Barbanza, Ourense-Celanova, Santiago-Brión y O Salnés y ahorrará 330 millones hasta 2040 | Rueda alega que ahora disponen de fondos
María Martínez Allegue y Alfonso Rueda, ayer. | X. Á.
Daniel Domínguez
En medio del debate sobre el posible rescate de la principal vía de comunicación de Galicia, la Autopista do Atlántico (AP-9), la Xunta movió ficha para mostrar que se pueden recuperar para el erario público autovías gestionadas por concesionarias, si bien en su caso pudo acogerse a cláusulas específicas en los contratos que permitían esta posibilidad. Gracias a ello, el Gobierno gallego asumirá la gestión y explotación de las autovías de O Barbanza, O Salnés, Santiago-Brión y Ourense-Celanova a partir del año que viene, operación que supondrá un gasto de 297 millones de euros en pagos a las empresas concesionarias y que permitirá un ahorro de 330 millones hasta 2040, fecha en que expiraba el último contrato.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció ayer la decisión del Consello autonómico tras su reunión semanal, acompañado de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue. Alegó la capacidad financiera de su gobierno. «Acabamos de tomar una decisión de mucha trascendencia después de una negociación que no fue sencilla y que va a suponer un ahorro importante. Otras comunidades no podrían tomar esta decisión ni de lejos», expuso después de vincular el ahorro logrado con la posibilidad de «hacer viviendas públicas».
La medida supone ahorrarse no solo el canon por la gestión y mantenimiento de las vías, sino también los peajes en sombra abonados por la Administración, es decir, los usuarios no pagaban directamente por emplear las autovías, sino que la Xunta abonaba a cada concesionaria una tarifa por cada vehículo. Este año se preveía un gasto de 85,5 millones.
La AG-56 entre Santiago y Brión, gestionada por una sociedad donde Dragados posee el 70%, es la carretera que mayor coste supone en esta operación, con una concesión hasta 2035 tras su puesta en marcha en 2008. Su rescate supone 95 millones.
En el caso de la AG-31 (Ourense–Celanova ), el gasto asciende a 85 millones por un contrato entre 2013 y 2040.
La AG-11 (O Barbanza) comenzó a funcionar en 2009, su concesión finalizaba en 2035 y costará al 72 millones. La concesionaria de ambas es Copasa.
Finalmente, el rescate de la AG-41 de O Salnés, en manos de Sacyr, tendrá un precio de 45 millones. Comenzó a funcionar en 2008 y el contrato duraba hasta 2035.
Estas vías representaban el modelo concesional que comenzó a aplicar el bipartito (2005-2009) y que luego la Xunta del PP señaló como mecanismo para sortear las dificultades económicas y poder abordar la construcción de infraestructuras.
Aun así, la crisis obligó a la administración a inyectar decenas de millones de euros en las citadas autovías por la caída de tráfico, salvavidas que comenzó a aplicarse en 2014. A pesar de que en los últimos años la Xunta ha sacado pecho de su situación económica, no ha sido hasta ahora, en pleno debate sobre el rescate de la AP-9, cuando ha afrontado el rescate. Eso sí, Rueda rechazó de momento eliminar los peajes en las autopistas autonómicas: la AG-55 (A Coruña -Carballo) y la AG-57 (Puxeiros- Val Miñor): «Me gustaría, pero desde luego no es inmediato»
La nacionalista Ana Pontón se refirió precisamente a la AP-9 y al ahorro de 2.800 millones que supondría en bonificaciones a los peajes, además de en el canon a la concesionaria. Un informe encargado por el BNG sitúa el coste de la operación en 905 millones, mientras que el contratado por la Xunta añade otros 1.450.
Contas advirtió el año pasado del sobrecoste de peajes en sombra
El Consello de Contas advirtió en un informe difundido en octubre del año pasado que las concesiones de las autovías suponían mayor desembolso para el erario público, citando los casos de las cuatro concesiones que rescatará la Xunta y la vía sin concluir de A Costa da Morte, aunque esta funciona con un sistema diferente, no vinculado al número de usuarios de la vía.
El organismo fiscalizador sostiene que la Xunta apostó por ese sistema concesional «por razones contables y no de eficiencia», es decir, que esa vía le permitió acometer obras para las que carecía de fondos. Se trata de la misma crítica que al modelo concesional del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, con un sobrecoste de 470 millones de euros.
En el caso las autovías, las inyecciones a las autovías para garantizar su equilibrio costaron alrededor de 200 millones y haberlas rescatado en aquel 2014 habría permitido ahorrar 58 millones, según el informe de Contas.
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